Diferentes sectores del sindicalismo argentino se congregaron en la emblemática Plaza de Mayo para expresar su rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. La movilización reunió a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación General del Trabajo (CGT), desafiando el orden del día político actual y mostrando un fuerte descontento por las medidas implementadas por Milei.
Bajo el lema “La patria no se vende” y reivindicaciones como “por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía”, los sindicalistas articulaban una “marcha federal” con la que buscaban fortalecer una unidad de propósito en la oposición al gobierno. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, enfatizó la importancia de la resistencia organizada ante lo que consideró un gobierno que ha perdido la legitimidad democrática al gobernar mediante decretos. Godoy apuntó a la necesidad de estructurar un frente de resistencia que incluya no solo a los sindicatos, sino también a movimientos sociales y actores del ámbito empresarial, con la premisa de desarrollar un programa que ponga fin al ajuste económico que, según él, propugna Milei.
La contundencia de las declaraciones de Godoy se vio reflejada en su firme llamado a la acción: “El pueblo tiene que defender la Constitución y rebelarse”. Este mensaje resonó no solo entre los presentes en la movilización, sino que también marcó un tono de desafío hacia el Congreso y las instituciones democráticas, resaltando la tensión política que actualmente permea el país. La alusión a una posible “rebelión” recuerda las movilizaciones del pasado, evocando los eventos de 2001 cuando la ciudadanía exigió cambios sustanciales en el gobierno.
Es relevante mencionar que la marcha no fue solo un espacio de expresión para los sindicatos más tradicionales, sino que también recibió el apoyo de agrupaciones políticas y movimientos sociales, incluyendo a La Cámpora y otros sectores vinculados al kirchnerismo. Este aspecto multifacético de la manifestación indica un amplio descontento que trasciende las fronteras del sindicalismo, y que se organiza en torno a la defensa de derechos laborales y sociales.
Las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias incluyendo asambleas en organismos, radios abiertas e incluso cortes de rutas.
«Si los del Gobierno les arruinaron las fiestas a los trabajadores y a los jubilados, nosotros se las tenemos que arruinar a ellos!», desafió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, desde la protesta.
La presencia de un amplio dispositivo de seguridad durante la movilización sugiere una inquietud por parte de las autoridades ante la posibilidad de escaladas de tensión, un reflejo de los tiempos convulsos que atraviesan a la sociedad argentina. La finalización anticipada de la marcha para permitir a las Madres de Plaza de Mayo realizar su habitual ronda es un testimonio del respeto que se tiene por la historia y el simbolismo de la Plaza como un espacio de resistencia por los derechos humanos.
A medida que se desarrollan tensiones entre diferentes corrientes dentro de la CGT, así como disensiones respecto a la conducción de la central obrera, se perfila un escenario en el que la unidad de acción se convierte en un objetivo primordial. La división entre los sectores más moderados y los que abogan por una posición de mayor confrontación se hace evidente, subrayando la necesidad de redefinir estrategias en una época de grandes cambios políticos y económicos.
En conclusión, la movilización en Plaza de Mayo no solo es un reflejo del descontento hacia el gobierno actual, sino también una manifestación del deseo de construir un frente unido en la defensa de los derechos laborales y sociales. Las consignas que resonaron en las calles enfatizan la urgencia de mantener viva la lucha por una Argentina más justa y equitativa, ante el riesgo de retrocesos en las conquistas sociales alcanzadas históricamente. En este contexto, el futuro del sindicalismo y su capacidad de respuesta frente a un gobierno que busca implementar ajustes severos se convierte en un tema crucial para la democracia en Argentina.