La reciente declaración de Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), acerca de la inminente organización de un nuevo paro nacional en conjunto con Pablo Moyano, co-titular de la CGT, resuena en el contexto político actual de Argentina. El llamado a movilización se produce en medio de un creciente descontento hacia las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei, que muchos consideran perjudiciales para el bienestar de los trabajadores y la comunidad en general.
Aguiar ha expresado con firmeza su convicción de que «no tenemos otro destino que salir a la calle y pelear», subrayando la urgencia de una respuesta organizada frente a lo que él califica como un ataque a los derechos laborales y a la propia democracia. Las afirmaciones del dirigente reflejan una preocupación profunda por las medidas que implican el despido de trabajadores, el cierre de organismos públicos y la privatización de empresas estatales, acciones que, a su juicio, atentan contra el Estado y sus funciones esenciales.
El líder sindical no solo critica las políticas económicas, sino que también denuncia un clima de violencia y represión que envuelve a las protestas laborales. La frase “si no paramos ahora, ¿cuándo?” encapsula la desesperación de un sector que siente que su supervivencia está en juego. En este sentido, Aguiar señala la necesidad de que el gobierno asuma la responsabilidad de mantener la paz social mediante políticas inclusivas, en lugar de recurrir a acciones coercitivas.
A su vez, Aguiar cuestiona la desregularización del servicio de rampa en aeropuertos, interpretándola como parte de una estrategia más amplia del gobierno para desprestigiar a los sindicatos y aislar a los trabajadores. Esta percepción no solo resalta la tensión entre el gobierno y los sindicatos, sino que también sugiere un intento deliberado de fragmentar la unidad y la voz colectiva de los trabajadores.
En conclusión, la convocatoria a un nuevo paro nacional por parte de Aguiar y Moyano puede ser vista como un llamado a la lucha y a la defensa de los derechos laborales en un momento crítico para el país. La batalla no solo se libra en el ámbito laboral, sino que también es un cuestionamiento a la legitimidad del modelo de gobierno actual y su capacidad para enfrentar los desafíos sociales sin recurrir a la represión. La democracia y los derechos de los trabajadores están en juego, y la resistencia de los sindicatos parece ser un elemento esencial en la defensa de estos principios fundamentales.