ATE advierte sobre los riesgos críticos de la desregulación en el transporte terrestre
El gremio estatal denunció un plan gubernamental para desmantelar los mecanismos de fiscalización, lo que impactaría directamente en la seguridad de los servicios de larga distancia y el turismo estudiantil.
Buenos Aires – La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha manifestado su profunda preocupación ante lo que califica como un inminente «desguace» de la normativa vigente en materia de regulación del transporte. Según el sindicato, las políticas de desregulación impulsadas por el Poder Ejecutivo no solo comprometen la estabilidad operativa del sector, sino que colocan en una situación de vulnerabilidad extrema a los usuarios de micros de larga distancia y, de manera específica, a los contingentes de viajes de egresados y traslados estudiantiles.
Debilitamiento del control operativo
El núcleo de la denuncia reside en la progresiva quita de facultades a los organismos de control, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). De acuerdo con el planteamiento gremial, el Gobierno busca limitar la intervención de las fuerzas de seguridad, como Gendarmería Nacional, restringiendo su jurisdicción exclusivamente a rutas nacionales y autopistas. Esta medida dejaría un vacío de fiscalización en terminales de ómnibus y rutas provinciales, espacios clave donde históricamente se realizan las verificaciones de alcoholemia a conductores y el control del estado técnico de las unidades.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó la situación como un «cóctel letal». El dirigente señaló que la combinación de una menor presencia estatal en los controles, junto con el deterioro del sistema vial debido a la paralización de la obra pública, incrementa exponencialmente el riesgo de siniestralidad. «No se trata solo de una cuestión administrativa; están desarticulando la prevención en sectores sensibles, incluyendo el transporte de cargas peligrosas», advirtió el referente sindical.
Impacto en el sector estudiantil y de larga distancia
Uno de los puntos más críticos señalados es la seguridad en los viajes de egresados. La fiscalización previa a la partida de estos contingentes ha sido, durante años, una herramienta fundamental para garantizar que las unidades cumplan con los estándares de seguridad y que el personal cumpla con los descansos obligatorios. Para ATE, la flexibilización de estas normas representa una «negligencia programada» que prioriza el ahorro fiscal y la liberalización del mercado por encima del derecho a la integridad física de los ciudadanos.
Perspectiva institucional
Desde el sector gremial sostienen que esta política de «retiro del Estado» responde a una lógica de ajuste que ignora las particularidades logísticas de un país con la extensión territorial de la Argentina. La denuncia subraya que la transparencia y la confianza pública en el sistema de transporte terrestre dependen de un marco regulatorio robusto y de una presencia federal efectiva en cada punto neurálgico del país.
Ante este escenario, el sindicato no descarta profundizar las medidas de fuerza en las áreas afectadas, exigiendo que se garantice la continuidad de las funciones de inspección y se revierta el proceso de vaciamiento de las instituciones encargadas de la seguridad vial nacional.