Tras finalizar la ronda de testigos en el Juzgado Nacional N° 63, la causa contra Pilotajes de la Hidrovía SRL entra en su etapa decisiva. Se denuncian pagos «en negro», precarización extrema y coacción a trabajadores para renunciar a su afiliación gremial.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – El conflicto laboral que mantiene en vilo a los profesionales del sector fluvial ha alcanzado una instancia clave en los tribunales de la calle Lavalle. Durante la última semana, el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N° 63 concluyó la etapa de declaraciones testimoniales en la querella iniciada contra la firma Pilotajes de la Hidrovía SRL, una causa que podría sentar un precedente sobre la libertad sindical y las condiciones de seguridad en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El origen del litigio: Precarización y falta de diálogo
La génesis del conflicto se remonta a agosto de 2023. Ante lo que describieron como una «intransigencia absoluta» por parte de la patronal, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos inició medidas de fuerza para exigir el cumplimiento de derechos básicos. Según consta en el expediente, la empresa habría incurrido en una «desregulación salvaje» del servicio, tercerizando operaciones a través de multinacionales con banderas extranjeras (boliviana, uruguaya y brasilera), eludiendo así la normativa local.
Las irregularidades denunciadas por el gremio dibujan un escenario de precariedad alarmante:
- Irregularidades salariales: Pago del 80% de las remuneraciones fuera de registro («en negro») y tarifas por debajo de los convenios vigentes.
- Vulneración de la Ley de Navegación: Denuncias por traslados inadecuados, alojamientos insalubres y alimentación insuficiente para los profesionales a bordo.
La «Práctica Desleal»: Coacción y división gremial
Uno de los puntos más críticos de la causa judicial se centra en la estrategia de la empresa para desactivar el reclamo. De acuerdo con la fiscalía, Pilotajes de la Hidrovía SRL habría ignorado la «bolsa de trabajo» establecida en actas acuerdo homologadas por el entonces Ministerio de Trabajo, contactando a los trabajadores de forma individual.
La denuncia es contundente: se acusa a la empresa de utilizar la necesidad laboral como herramienta de presión, exigiendo a al menos 25 baqueanos la renuncia explícita a su afiliación sindical original para ser traspasados a otro gremio «El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo» , conducido por Mariano Moreno—señalado como cómplice de la maniobra— como condición sine qua non para conservar su puesto de trabajo.
«Usaron la necesidad individual como medio de presión; los compañeros tuvieron que tomar la penosa decisión de renunciar a su identidad gremial por un plato de comida», señalaron fuentes vinculadas a la Asociación.
Expectativas por el fallo
Con la etapa de pruebas testimoniales cerrada, la fiscalía ha confirmado que el proceso se encuentra en su fase final. La representación legal de los capitanes y baqueanos espera una sentencia ejemplar que incluya:
- El cese inmediato del comportamiento antisindical.
- La calificación formal de las maniobras como «Práctica Desleal», bajo el amparo del Artículo 55 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.
- Imposición de multas económicas severas y la reparación de los daños ocasionados a los trabajadores afectados.
Desde el sector gremial lamentan haber tenido que judicializar el reclamo en un área estratégica para el desarrollo productivo del país, pero subrayan que la «paz social» solo podrá alcanzarse mediante una negociación de buena fe que respete el principio constitucional de «igual remuneración por igual tarea» y garantice condiciones de vida dignas para quienes custodian la navegación en la principal arteria logística de la región.