La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó en el centro de una creciente controversia tras denuncias de trabajadores estatales que advierten sobre un presunto plan del Gobierno para reducir su estructura y transferir funciones clave a otras fuerzas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostienen que estas medidas podrían debilitar seriamente los mecanismos de control del sistema de transporte a nivel nacional.
Según indicaron desde el gremio, el proyecto en evaluación incluiría la cesión de competencias estratégicas a la Gendarmería Nacional, junto con una reestructuración interna que implicaría el cierre de delegaciones y una disminución en las tareas de fiscalización. Para los trabajadores, esto no constituye una simple reorganización administrativa, sino un proceso de “vaciamiento” de uno de los organismos clave en materia de seguridad vial.
Actualmente, la CNRT cumple un rol central en la supervisión del transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional. Entre sus funciones se destacan los controles técnicos de vehículos, la verificación de condiciones de seguridad, los test de alcoholemia, el monitoreo del descanso de los choferes y el cumplimiento de normativas en servicios de pasajeros y cargas. Estas tareas, subrayan, son de carácter preventivo y buscan evitar accidentes antes de que ocurran.
Además, el organismo interviene en situaciones sensibles como viajes estudiantiles, transporte de personas con discapacidad y traslados sanitarios urgentes, lo que refuerza su papel como garante de seguridad en múltiples niveles del sistema.
Desde ATE advierten que la eventual transferencia de funciones a fuerzas de seguridad implicaría una pérdida de especialización técnica, ya que —según remarcan— la CNRT y la Gendarmería responden a lógicas distintas: una orientada a la regulación e inspección preventiva, y la otra a la seguridad pública y el control del delito.
En ese marco, el secretario general del gremio en el organismo, Sergio Ros, alertó que la medida podría derivar en una “tragedia anunciada” si se desmantelan los controles esenciales. La preocupación sindical también apunta a un cambio de paradigma: pasar de un sistema preventivo a uno reactivo, donde la intervención estatal llegue recién después de incidentes o accidentes.
Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la implementación de estas reformas. Sin embargo, el conflicto ya abrió un debate de fondo sobre el rol del Estado en la regulación del transporte y los riesgos que podría implicar una reducción de su capacidad de control en un área que impacta diariamente en millones de usuarios en todo el país.
En ese escenario, la discusión trasciende lo institucional y plantea una pregunta clave: qué costo puede tener, en términos de seguridad y prevención, un eventual debilitamiento de los organismos encargados de controlar el transporte en Argentina.