El gremio estatal convocó a un cese de actividades desde el mediodía de este martes para facilitar la participación de sus trabajadores en la marcha hacia el Palacio de Justicia. La protesta cuestiona el reciente fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro nacional de media jornada para este martes 6 de octubre, con el objetivo de garantizar una masiva participación de sus afiliados en la movilización convocada contra la Corte Suprema de Justicia.
La medida contempla el retiro de los trabajadores de sus lugares de trabajo a partir de las 12, en ministerios, organismos públicos y empresas estatales, para facilitar su traslado hacia la concentración prevista para las 16 en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia.
La protesta es impulsada por las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y tiene como principal eje de cuestionamiento el fallo del máximo tribunal que, según los sectores convocantes, modificó el escenario vigente respecto de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Desde ATE señalaron que la jornada representa una instancia para expresar el rechazo a lo que consideran una intervención de la Corte sobre cuestiones de fuerte impacto político, económico y estratégico para el país.
El secretario general nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente el accionar del máximo tribunal y sostuvo que es necesario ejercer presión social frente a decisiones que, a su entender, afectan la soberanía y la división de poderes.
En ese sentido, el dirigente planteó que los integrantes de la Corte «no los votó nadie» y cuestionó que el máximo tribunal adopte decisiones que, desde su perspectiva, terminan condicionando definiciones que corresponden al Congreso.
Una protesta que gana volumen
La movilización de este martes representa una nueva expresión de la creciente tensión entre sectores del movimiento obrero y el Gobierno de Javier Milei, aunque en esta oportunidad la protesta estará focalizada específicamente en el accionar de la Corte Suprema.
ATE ya había participado de una manifestación la semana pasada en San Martín de los Andes, donde integrantes del máximo tribunal se encontraban realizando actividades oficiales. Aquella protesta estuvo acompañada por sectores políticos y organizaciones sociales que también cuestionaron la decisión judicial relacionada con la legislación sobre tierras.
En paralelo, la propia Corte Suprema salió a defender su resolución y cuestionó las expresiones que consideró descalificatorias y los discursos de odio que circularon alrededor del fallo. El juez Carlos Rosenkrantz, por su parte, había reivindicado la necesidad de preservar la independencia judicial frente a las críticas políticas y sindicales.
Las CTA buscan mostrar unidad en la calle
La convocatoria también tiene un componente político-sindical relevante: las dos vertientes de la CTA confluirán en una misma movilización, bajo la consigna “La patria no se vende, la soberanía no se entrega”.
Aunque ambas centrales permanecen divididas desde hace años, sus principales referentes vienen explorando mecanismos de coordinación y acciones conjuntas frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
En esta oportunidad, la movilización contra la Corte constituye una nueva demostración de esa “unidad en la acción”, que podría profundizarse en las próximas semanas con nuevas medidas de fuerza.
La CGT, en cambio, decidió no acompañar esta convocatoria. La central obrera mantiene su propio esquema de protesta y tiene prevista una movilización para el jueves 8 de octubre en defensa de la industria nacional, aunque por el momento descartó convocar a un paro general.
De esta manera, el escenario sindical vuelve a mostrar diferentes estrategias frente al Gobierno nacional: mientras ATE y las dos CTA avanzan con una jornada de protesta y movilización, la CGT opta por un esquema escalonado de acciones, con una marcha prevista para esta semana.
La protesta de este martes será, así, una nueva prueba para los sectores sindicales que buscan ampliar la confrontación en las calles y convertir el rechazo a determinadas decisiones del Poder Judicial en una bandera vinculada con la defensa de la soberanía nacional.