En una asamblea extraordinaria realizada el lunes 18 de mayo de 2026, asociados de Cooperativa de Trabajo Puertos Argentinos expresaron su profunda preocupación por la situación que atraviesa la actividad portuaria y logística en el distrito de Avellaneda, denunciando restricciones operativas, multas al transporte y la pérdida de fuentes laborales que afectan de manera directa a cientos de trabajadores.
La convocatoria, de carácter abierto y con una importante participación de asociados, contó además con la presencia de representantes del sector del transporte portuario y dirigentes de la “Unión de Trabajadores Portuarios, Marítimos, Guarderías Náuticas, Depósitos Fiscales y Afines”, quienes acompañaron los reclamos y plantearon la necesidad de una intervención urgente de las autoridades municipales y provinciales.
Durante el encuentro se analizó el impacto de las clausuras y denegaciones de habilitaciones por parte de la Municipalidad de Avellaneda, situación que —según indicaron desde la cooperativa— restringe el normal desarrollo de las actividades laborales, genera incertidumbre entre los trabajadores y provoca además la pérdida de clientes vinculados a la logística y los servicios portuarios.
Ante este escenario, la asamblea resolvió solicitar una reunión urgente con el intendente de Avellaneda, ingeniero Jorge Ferraresi, con el objetivo de abrir una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones y garantizar la continuidad de las actividades de la cooperativa como empresa de economía social generadora de empleo, capacitación e inserción laboral en el exigente mercado de servicios portuarios y logísticos.
Los asociados destacaron que, en un contexto nacional marcado por el cierre de empresas, el crecimiento del desempleo y la precarización laboral, la cooperativa logró sostenerse de manera autosustentable y con perspectivas de crecimiento, apoyada en la confianza de sus clientes y en la calidad de sus servicios especializados.
Asimismo, remarcaron la importancia de que el Estado municipal acompañe a cooperativas, pymes y emprendimientos productivos que generan empleo genuino y fortalecen las economías regionales.
Otro de los puntos sobresalientes de la asamblea fue el planteo realizado por el cuerpo de delegados de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, quienes continúan en conflicto tras el incumplimiento del Decreto 299/2023, medida que dispuso la salida de BACTSSA (Buenos Aires Container Terminal Services S.A.) de la Terminal 5 y que dejó a alrededor de 800 trabajadores sin empleo.
Muchos de esos trabajadores se encuentran actualmente nucleados en la “Unión de Trabajadores Portuarios, Marítimos, Guarderías Náuticas, Depósitos Fiscales y Afines”, organización sindical que durante la asamblea puso el foco en la grave situación que atraviesa el transporte de contenedores que ingresan y egresan del Puerto Dock Sud.
En ese sentido, denunciaron que transportistas y choferes son objeto de reiteradas infracciones municipales por supuestas faltas vinculadas al estacionamiento o a la circulación por calles presuntamente prohibidas para camiones, aunque —según señalaron— en muchos casos no existe señalización visible que advierta dichas restricciones, dejando a los trabajadores expuestos al sistema de fotomultas.
Los representantes del sector afirmaron que las multas alcanzan cifras millonarias y que se aplican de manera reiterada, situación que interpretan como una persecución hacia el transporte de carga portuaria. Advirtieron además que la acumulación de infracciones impide posteriormente renovar licencias de conducir o transferir las unidades afectadas por las deudas.
La asamblea también expuso las extensas demoras que enfrentan los camioneros para ingresar a la terminal Exolgan, situación que obliga a los vehículos a permanecer durante horas estacionados sobre la avenida Debenedetti y calles adyacentes, quedando expuestos no solo a sanciones municipales, sino también a hechos de inseguridad, robos, aprietes y riesgos de accidentes viales.
A ello se suma —según denunciaron— la falta de condiciones básicas para los choferes durante las largas esperas, quienes muchas veces permanecen sin acceso a sanitarios, alimentos o espacios adecuados de descanso, soportando además elevados niveles de estrés derivados de las demoras operativas.
Los transportistas cuestionaron además el esquema económico del sector, señalando que mientras la logística portuaria se cobra en dólares por parte de las multinacionales que operan en Dock Sud, el último eslabón de la cadena —el transportista— percibe tarifas bajas, abonadas en pesos y con plazos de pago que se extienden entre 30, 60 y hasta 90 días.
Finalmente, los participantes coincidieron en que la combinación entre los sobrecostos provocados por las demoras operativas, las elevadas multas y las bajas tarifas configura un escenario crítico para el transporte portuario, advirtiendo que “se están fundiendo trabajando”.
El pedido formal de audiencia con la Intendencia ya fue presentado ante la Secretaría Privada municipal y desde las cooperativas aguardan una pronta convocatoria que permita abrir una instancia de diálogo y llevar tranquilidad a trabajadores, transportistas y asociados del sector.
