La desregulación del cabotaje nacional encendió las alarmas en el sector marítimo y fluvial. Desde el Parlamento del Norte Grande, SICONARA reclamó el compromiso de los mandatarios provinciales y advirtió sobre los riesgos de avanzar con una apertura que podría profundizar la pérdida de empleos y debilitar la soberanía nacional.
La defensa de la Marina Mercante argentina volvió a instalarse en el centro de la agenda sindical y política. En medio del debate por el proyecto de desregulación del cabotaje nacional, los gremios marítimos y fluviales intensificaron sus reclamos para frenar una iniciativa que, advierten, podría poner en riesgo puestos de trabajo, afectar a las economías regionales y profundizar el retroceso de la bandera argentina en el transporte de cargas.
El planteo fue expuesto por Mariano Vilar, secretario general del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), durante la 60.ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, realizada en Corrientes. Allí, el dirigente pidió a los gobernadores y representantes provinciales que asuman un compromiso concreto con la actividad y escuchen la posición de los trabajadores antes de avanzar con modificaciones al régimen de navegación nacional.
La discusión excede los límites de una actividad específica: pone en juego el modelo de desarrollo productivo, la generación de empleo argentino y la capacidad del país para transportar sus propias mercancías a través de sus ríos y vías navegables.
Soberanía nacional y empleo: el eje del reclamo sindical
Durante su intervención, Vilar cuestionó las iniciativas que promueven una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el transporte de cargas entre puertos argentinos y advirtió sobre sus consecuencias para los trabajadores del sector.
«La soberanía no puede ser solo un eslogan de campaña: ejerzámosla en concreto con leyes que protejan nuestra soberanía y a los trabajadores», sostuvo el dirigente, al reclamar una política de Estado que permita recuperar y fortalecer la Marina Mercante nacional.
Desde la organización sindical alertan que una apertura indiscriminada del cabotaje podría desplazar a trabajadores argentinos y reducir las oportunidades laborales para quienes se desempeñan a bordo de las embarcaciones. También advierten sobre el impacto que una eventual pérdida de actividad tendría en astilleros, talleres, puertos y empresas proveedoras vinculadas con la navegación.
En ese contexto, el titular de SICONARA recordó las consecuencias negativas que atribuye a las políticas de desregulación aplicadas durante la década de 1990 y alertó sobre el riesgo de repetir un proceso que debilitó la presencia de la bandera argentina en el transporte fluvial y marítimo.
«Somos extranjeros en nuestro propio país. Necesitamos que eso no vuelva a ocurrir», expresó, al cuestionar la falta de una estrategia sostenida para recuperar la capacidad de transporte nacional.
El impacto sobre las economías regionales
Uno de los principales argumentos de los sindicatos apunta a las consecuencias económicas que tendría una eventual sustitución de embarcaciones y trabajadores argentinos por operadores extranjeros.
Las provincias del Litoral mantienen una relación directa con la actividad fluvial a través de sus puertos, la producción agroindustrial, el movimiento de cargas y los servicios asociados a la navegación. Por eso, el debate sobre el cabotaje también involucra el futuro de numerosas economías regionales.
Vilar advirtió que los salarios de los trabajadores marítimos argentinos se vuelcan al consumo dentro del país y contribuyen al sostenimiento de comercios, servicios y actividades productivas locales. En cambio, una mayor participación de tripulaciones extranjeras podría provocar que una parte de esos ingresos deje de circular en las provincias argentinas.
El dirigente también cuestionó que la pérdida de competitividad de la flota nacional se intente resolver mediante una apertura que, según la posición sindical, podría profundizar las dificultades del sector.
En ese sentido, planteó que los gobiernos provinciales deberían impulsar modificaciones tributarias y medidas económicas que permitan mejorar las condiciones de operación de los buques argentinos, en lugar de promover soluciones que comprometan el empleo nacional.
Los gremios reclaman una alternativa para recuperar la bandera argentina
El debate sobre la desregulación del cabotaje enfrenta dos miradas sobre el futuro de la actividad. Por un lado, los promotores de una mayor apertura sostienen que facilitar la participación de embarcaciones extranjeras permitiría reducir costos logísticos y aprovechar mejor la infraestructura fluvial. Por otro, las organizaciones sindicales advierten que una liberalización sin garantías suficientes podría consolidar la pérdida de capacidad nacional.
La postura gremial sostiene que la competitividad de la Marina Mercante no depende exclusivamente de los salarios, sino también de las condiciones tributarias, regulatorias y operativas en las que deben desenvolverse las empresas argentinas frente a sus competidoras extranjeras.
Por eso, el reclamo apunta a construir un esquema que permita recuperar la flota nacional, fortalecer la industria naval y garantizar la participación de trabajadores argentinos en el transporte de cargas.
La defensa de la actividad, además, requiere una mirada integral sobre la infraestructura logística. Puertos conectados, ferrocarriles eficientes, aduanas operativas y un marco normativo que incentive la navegación nacional son algunos de los elementos que los dirigentes consideran indispensables para recuperar la capacidad de transporte del país.
Un llamado a los gobernadores: el futuro de la Marina Mercante también se define en las provincias
La presencia de los sindicatos en el Parlamento del Norte Grande busca trasladar el conflicto al terreno político y comprometer a los mandatarios provinciales en una discusión que afecta directamente a sus territorios.
El mensaje de los trabajadores es claro: las provincias no pueden permanecer al margen de una transformación que podría modificar el funcionamiento del transporte fluvial, la actividad portuaria y las fuentes laborales vinculadas con la navegación.
Vilar también cuestionó la distancia entre los discursos políticos que reivindican la soberanía nacional y las decisiones que, desde su perspectiva, podrían debilitar las herramientas necesarias para ejercerla.
En el encuentro estuvo acompañado por Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, en una señal de articulación sindical frente a una problemática que atraviesa a distintos sectores de la actividad.
La discusión sobre el cabotaje, por lo tanto, no se limita a determinar qué bandera puede transportar mercaderías entre puertos argentinos. También plantea quiénes ocuparán los puestos de trabajo, dónde quedará el ingreso generado por la actividad y qué capacidad conservará el país para desarrollar su propia logística.
Marina Mercante: una política de Estado para defender el trabajo argentino
La advertencia de los gremios vuelve a poner sobre la mesa una cuestión estratégica: sin una Marina Mercante fuerte, la Argentina corre el riesgo de perder herramientas fundamentales para su desarrollo productivo y su soberanía económica.
La defensa de los puestos de trabajo, la recuperación de la bandera nacional y el fortalecimiento de la industria naval forman parte de una misma discusión sobre el modelo de país que se pretende construir.
Para las organizaciones sindicales, mejorar la competitividad es una necesidad, pero no puede convertirse en una justificación para desplazar a los trabajadores argentinos ni desmantelar las capacidades nacionales de transporte.
El reclamo ante los gobernadores del Norte Grande busca que esa discusión se traduzca en decisiones concretas. La expectativa de los gremios es que las provincias acompañen una política que combine eficiencia logística, desarrollo productivo y protección del empleo.
La soberanía no se defiende solamente con declaraciones: también se construye con barcos argentinos, industria nacional y trabajadores protegidos. Ese es el eje de una disputa que vuelve a poner a la Marina Mercante en el centro de la agenda gremial.
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