El secretario general de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, recibió el respaldo de las centrales sindicales vascas ELA y LAB, en el marco de una campaña internacional contra la criminalización de la protesta social y la persecución a dirigentes sindicales y populares que denuncian el gobierno de Javier Milei y el “cordobesismo” de Martín Llaryora.

El apoyo se articuló a través de la organización Martin Etxea, casa de acogida de personas migrantes y defensoras de derechos humanos perseguidos, vinculada a la Central Sindical Vasca ELA (Eusko Langileen Alkartasuna). Desde allí, se extendió la solidaridad hacia Giuliani, quien enfrenta siete causas judiciales por participar en movilizaciones pacíficas y reclamos sociales en Córdoba.

El dirigente fue detenido en agosto pasado durante una protesta por alimentos para comedores populares, permaneció cinco días preso y denunció haber sido golpeado y esposado, lo que le provocó la fractura de un brazo. “Llaryora es Milei, y la Justicia cordobesa no es neutral, sino adicta al poder. No tenemos dudas de que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, cumple un rol clave en esta persecución”, señaló Giuliani, quien calificó su detención como una muestra del avance represivo y la judicialización de la protesta.

Durante su paso por el País Vasco, el dirigente mantuvo encuentros con referentes de ELA, entre ellos Amaia Muñoa, secretaria adjunta, y Eider Azkunaga, del Área Internacional. También se reunió con dirigentes de la central LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak), encabezados por Igor Arroyo, coordinador general.

Seguimos construyendo solidaridad internacional”, expresó Giuliani al término de las reuniones, en las que recibió además un ejemplar del libro que relata la historia de LAB, organización fundada en la clandestinidad durante la dictadura franquista.

El respaldo de las centrales vascas se suma a otras expresiones de apoyo internacional hacia el sindicalista argentino, que denuncia una estrategia de represión y disciplinamiento contra las organizaciones que resisten las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional y replicadas por la administración provincial.

De esta manera, Giuliani continúa fortaleciendo una red de solidaridad internacional que expone ante el mundo la situación de los dirigentes sociales criminalizados en Argentina, en un contexto de creciente conflicto entre el movimiento obrero y el poder político.

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