A un año de la detención del secretario general de ATE y de la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, la organización sindical volvió a poner el caso en el centro de la escena y reafirmó su denuncia contra lo que considera un intento de criminalizar la protesta social.
Este 28 de agosto se cumple un año de uno de los episodios que marcó la agenda sindical y política de Córdoba: la detención de Federico Giuliani durante una jornada de protesta frente a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.
El dirigente gremial había participado de una movilización junto a trabajadores, organizaciones sociales y referentes de la CTA Autónoma para reclamar alimentos, insumos y asistencia para los sectores más vulnerables y las barriadas populares. Durante el operativo policial, Giuliani fue detenido junto a otros dirigentes y militantes. Según denunció ATE, durante la detención sufrió una lesión en uno de sus brazos y debió ser trasladado al Hospital Misericordia.
Desde la CTA Autónoma Córdoba calificaron aquel procedimiento como una detención arbitraria y un nuevo episodio de persecución contra quienes ejercen el derecho a reclamar, cuestionando especialmente el accionar policial y el posterior proceso judicial.
La liberación de Giuliani se produjo luego de varios días de movilizaciones y reclamos de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos. Tras recuperar la libertad, el dirigente anunció acciones legales por presunto abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad, además de cuestionar las condiciones en las que permaneció detenido.
Un año después, el conflicto continúa
Lejos de quedar cerrado, el caso volvió a adquirir relevancia durante 2026. En marzo, la Fiscalía a cargo de Ernesto De Aragón presentó un requerimiento de elevación a juicio de la causa iniciada por los hechos del 28 de agosto de 2025.
Desde ATE y la CTA Autónoma Córdoba cuestionaron esa decisión y sostuvieron que la investigación contiene contradicciones, omisiones e inconsistencias. La organización sindical volvió a definir el expediente como parte de un proceso de criminalización de la protesta social.
Para la central sindical, el caso Giuliani representa mucho más que la situación judicial de un dirigente: se convirtió en un símbolo de la disputa por los límites de la protesta y por el derecho de las organizaciones sindicales y sociales a manifestarse frente a las políticas públicas que consideran perjudiciales para los trabajadores y los sectores populares.
A un año de aquella jornada, la CTA Córdoba sostiene que “seguir luchando” continúa siendo la respuesta frente a lo que considera intentos de disciplinamiento y persecución. En ese sentido, la organización reafirma su reclamo por el esclarecimiento de los hechos y por el respeto irrestricto al derecho constitucional a la protesta.
El aniversario vuelve así a poner en debate una pregunta que atraviesa al movimiento sindical: ¿hasta dónde puede avanzar el Estado frente a una protesta social sin vulnerar derechos fundamentales?
Mientras la causa judicial continúa su recorrido, la CTA Autónoma Córdoba insiste en que aquel 28 de agosto no debe ser olvidado y que el caso Giuliani constituye un capítulo central en la discusión sobre libertad sindical, protesta social y democracia en la provincia.