El 3 de septiembre, los empleados de Comercio votan. Frente a la conducción histórica de Armando Cavalieri y Carlos Pérez se presenta la Lista Celeste y Verde, por primera vez en la historia del sindicato encabezada por dos mujeres: Sabrina Paredes, candidata a secretaria general, y Valeria Rodríguez, candidata a secretaria adjunta. Desde ese espacio denuncian amenazas contra sus candidatas, el uso de un abogado ligado a causas de espionaje para litigar contra una de sus dirigentes, y un allanamiento que les secuestró los equipos con los que se comunican con los trabajadores.
Por primera vez en la historia del Sindicato de Empleados de Comercio, una lista opositora llega a una elección encabezada por mujeres. La Lista Celeste y Verde se presenta el próximo 3 de septiembre ante los afiliados con una propuesta de renovación gremial, en un sindicato conducido durante décadas por la misma dirigencia.
Pero a diez días de la votación, desde ese espacio denuncian que la competencia está lejos de darse en condiciones limpias e igualitarias.
Denuncian amenazas contra las candidatas
Integrantes de la Lista Celeste y Verde sostienen que sus candidatas vienen siendo objeto de amenazas en el marco de la campaña, en un clima que —advierten— busca disuadirlas de sostener su candidatura y amedrentar a la militancia que las acompaña. Para el espacio, se trata de un intento de descomprimir por la vía de la intimidación una disputa que la conducción no quiere dar en las urnas.
La falta de padrones y los cuestionamientos sobre la transparencia electoral
A este escenario, la Lista Celeste y Verde suma otro cuestionamiento que considera central para la transparencia del proceso electoral: según denuncia el espacio, la Lista Azul, a través de su apoderado Gerardo Pérez —a quien identifican como hermano del actual subsecretario general Carlos Pérez— aún no habría entregado a los apoderados de la Celeste y Verde los padrones de afiliados necesarios para controlar adecuadamente el proceso electoral.
Desde la oposición sostienen que esta situación dificulta la fiscalización y el conocimiento de quiénes se encuentran habilitados para participar de la elección, particularmente en relación con afiliados activos y jubilados. También denuncian dificultades para acceder a información ante la propia Junta Electoral, lo que —según plantean— agrega obstáculos a una elección que debería garantizar igualdad de condiciones para todas las listas.
La preocupación, además, se vincula con una denuncia realizada previamente por la Lista Celeste y Verde, según la cual habrían sido detectados 91 afiliados fallecidos al contrastar los registros con información del Renaper. Desde el espacio reclaman que los padrones sean entregados y depurados con criterios transparentes, para que todos los participantes puedan controlar quiénes están habilitados para votar.
Para la Lista Celeste y Verde, la composición y el funcionamiento de la Junta Electoral, sumados a la falta de acceso pleno a los padrones, constituyen un punto central de preocupación de cara al 3 de septiembre. El planteo es concreto: una elección sindical debe garantizar las mismas reglas, la misma información y las mismas posibilidades de fiscalización para todas las listas que participan.
Un abogado de causas de inteligencia contra una dirigenta de la propia Comisión Directiva
Con una trayectoria profesional vinculada a la defensa de Antonio “Jaime” Stiuso y a expedientes como el D’Alessiogate, las escuchas entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, y las investigaciones ligadas a la muerte de Pedro “Lauchón” Viale y al caso Nisman— para representar al sindicato en una causa contra Sabrina Paredes, integrante de la propia Comisión Directiva y referente de la lista opositora.
Desde la Celeste y Verde denuncian que se trata de una maniobra para generar litigios judiciales contra sus dirigentes utilizando el know-how de operadores vinculados a los servicios de inteligencia, con el objetivo de desgastar, deslegitimar y disciplinar a quienes se animan a disputarle la conducción al sindicalismo tradicional.
El viernes 21 de agosto, las oficinas donde funciona la militancia de la Lista Celeste y Verde fueron allanadas. Según denuncia el espacio, en el procedimiento se secuestraron computadoras, teléfonos y equipos utilizados para hacer transmisiones en streaming: las herramientas con las que la lista se comunica con los trabajadores de comercio y difunde su propuesta.
Para la agrupación, el operativo no fue casual: llegó a diez días de la elección y golpeó exactamente sobre los canales que la lista usa para llegar a los afiliados en un sindicato donde la conducción controla los canales tradicionales de comunicación gremial. Desde el espacio remarcan que ninguna medida judicial va a impedir que sigan comunicando su propuesta y convocando a votar.
“Que decidan los trabajadores, no los tribunales”
Para la Lista Celeste y Verde, la sucesión de hechos —amenazas, la contratación de un abogado ligado a causas de espionaje para litigar contra una dirigenta opositora, un allanamiento que les secuestró los equipos de comunicación y las dificultades denunciadas para acceder a los padrones electorales— configura un patrón que, según el espacio, busca condicionar la elección por afuera de las urnas.
El espacio reclama garantías para que la elección del 3 de septiembre se desarrolle en libertad, sin hostigamiento a candidatas, sin obstáculos para la fiscalización y con padrones transparentes y accesibles para todas las listas. También llama a los afiliados a informarse y a participar masivamente de la votación.
La elección del 3 de septiembre definirá la conducción del Sindicato de Empleados de Comercio. Por primera vez en su historia, los afiliados tienen ante sí una lista opositora encabezada por mujeres.