“La obra social que enferma” — Aportes desviados, prestaciones recortadas y los primeros expediente penales que ya están en marcha.
Una denuncia penal presentada ante la Justicia plantea la posible existencia de sobreprecios en la compra de pañales destinados a afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal y solicita que se investiguen eventuales vínculos entre autoridades sindicales, su entorno familiar y la empresa proveedora Mayor Sur S.A.
De acuerdo con la presentación judicial, una factura emitida el 12 de junio de 2026 por Mayor Sur S.A. al sindicato, por un total de $25.199.676,99, habría incluido precios superiores a los valores mayoristas de referencia relevados por la parte denunciante. El cálculo incorporado en la denuncia estima una diferencia total de $9.467.260, equivalente al 37,56% de la operación facturada.
La denuncia señala que el sindicato adquirió paquetes de pañales Huggies a precios que, según las cotizaciones acompañadas, habrían superado en algunos casos los valores de venta mayorista e, incluso, podrían resultar superiores a ciertas referencias de venta minorista. Esos pañales serían entregados sin costo a los afiliados como parte de una prestación sindical.
El expediente apunta, en particular, a esclarecer el eventual rol de Carlos Alberto Pérez, subsecretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal; de su hijo Emiliano Pérez; de Paula Agustina Corneli, pareja de este último; y de Osvaldo Nelson Rosario Corneli Lisciani, vinculado en la documentación acompañada con la presidencia de Mayor Sur S.A. Las relaciones personales, societarias, laborales y familiares mencionadas constituyen extremos que deberán ser verificados mediante la prueba judicial.
La hipótesis de la denuncia es que podría haber existido una situación de conflicto de intereses: que una persona con intervención en la administración y autorización de pagos sindicales hubiera tenido, directa o indirectamente, interés en la empresa proveedora; alternativamente, se solicita investigar si pudo haber existido algún retorno vinculado a los importes que excedieran el precio de mercado. Ninguna de esas hipótesis se encuentra acreditada por el solo hecho de su formulación y su determinación corresponde exclusivamente a la Justicia.
La presentación encuadra los hechos bajo la posible figura de defraudación por administración fraudulenta y requiere medidas de prueba ante ARCA, ANSES, Banco Ciudad, Inspección General de Justicia, Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y Superintendencia de Servicios de Salud. Entre otras diligencias, pide reconstruir desde diciembre de 2022 las facturas emitidas por Mayor Sur S.A. al sindicato y a OSECAC, examinar pagos, autoridades, vínculos de parentesco y la eventual relación laboral de personas involucradas con la firma proveedora.
El caso coloca bajo análisis el destino de recursos que, según la denuncia, provendrían de aportes sindicales y estarían destinados a prestaciones para trabajadores y afiliados. La investigación judicial deberá determinar si existieron sobreprecios, quiénes intervinieron en las decisiones de compra y si hubo o no perjuicio patrimonial para el gremio, sus afiliados y aportantes.
La denuncia presentada encontró radicación ante el Juzgado Criminal y Correccional N.º 63, (interviniendo la Fiscalía N.º 8), bajo el N.º 45094/2026.