GINEBRA/CÓRDOBA. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió y validó la presentación formal de Federico Giuliani, líder de la ATE y la CTA Autónoma en Córdoba, quien expuso ante el organismo multilateral un detallado informe sobre la «sistemática persecución» contra la dirigencia gremial por parte de los gobiernos de Javier Milei (Nación) y Martín Llaryora (Provincia). El caso eleva la tensión a nivel internacional sobre la restricción del derecho a la protesta en Argentina.
El máximo referente de los estatales y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) en Córdoba, Federico Giuliani, fue recibido en la sede central de la OIT en Ginebra, Suiza, por altos funcionarios, incluido Jean-Philippe Sauvageau, un representante del Departamento de normas Internacionales del Trabajo. La misión tuvo como objetivo primordial el seguimiento de la creciente escalada represiva y la instrumentalización del sistema judicial contra los actores sindicales en Argentina.
Denuncia por Vulneración de Convenios Fundamentales
La presentación del dirigente gremial documenta en detalle las siete causas judiciales que pesan sobre él, todas originadas en el ejercicio de sus funciones como secretario general y su participación en movilizaciones sociales.
Ante la Comisión de Libertad y Democracia de la OIT, Giuliani formuló una contundente acusación por la violación de los Convenios 87 (Libertad Sindical) y 98 (Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva) del organismo. La denuncia subraya la judicialización de la protesta como un intento «abierto y nada inocente de disciplinar» a las organizaciones sindicales que «bregan por un cambio» en el contexto de un profundo ajuste socioeconómico.
«Esta situación se ha vuelto insostenible en la provincia de Córdoba… Es la manifestación de la política nacional de criminalización de la protesta llevada a cabo en territorio provincial,» reza el documento elevado a la OIT.
Persecución Sistémica y Hechos de Violencia
El documento entregado a la OIT no solo enumera los procesos judiciales —derivados de acciones como la Marcha contra el Hambre (abril 2023), la visita presidencial a Córdoba (mayo 2024), y la protesta ante la Municipalidad (agosto 2025)—, sino que también describe el clima de hostigamiento y amedrentamiento.
El informe detalla la intervención del Poder Judicial de Córdoba como «ariete del poder político» para disuadir las manifestaciones populares. Se citan procedimientos con agentes sin identificación, allanamientos, detenciones discrecionales y una represión violenta donde Giuliani resultó con una quebradura de brazo.
La denuncia advierte sobre un retorno a «tiempos oscuros», equiparando ciertas prácticas policiales actuales a las previas a la dictadura cívico-militar de 1976, en un contexto donde el ajuste impacta primero en el sector público y luego se extiende a los trabajadores privados.
Reclamo Internacional por Cese de Hostigamiento
Con el respaldo institucional de las máximas autoridades de la CTAA, Hugo Godoy (Secretario General) y Mariana Mandakovic (Adjunta), y el patrocinio legal del Departamento Jurídico de la Central, la presentación ante el foro internacional exige:
- La admisión de la queja y la constitución de un caso bajo examen del Comité de Libertad Sindical.
- La consideración de la gravedad y urgencia de los sucesos.
- La orden inmediata de cese de la persecución, represión en las movilizaciones y el hostigamiento a los locales sindicales.
Mediante esta acción, ATE Córdoba y la CTAA han visibilizado en el ámbito global la flagrante restricción de los derechos sindicales y la represión a la disidencia, dejando al descubierto las políticas que buscan silenciar la resistencia ante la pauperización y la pérdida de derechos laborales en el país.