Delegados y sectores internos denuncian un esquema de hostigamiento, discriminación y bloqueos institucionales, exponiendo una profunda crisis en la democracia interna del sindicato más grande del país.
El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Capital Federal se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras la formalización de una denuncia que pone bajo la lupa los métodos de gestión de su actual conducción. El documento, que detalla una serie de irregularidades graves, señala la existencia de agresiones físicas, verbales y una sistemática política de «bloqueo sindical» destinada a silenciar las voces disonantes dentro de la organización.
El eje del conflicto se sitúa en el accionar de la Secretaría de Organización, área señalada por los denunciantes como el brazo ejecutor de prácticas que vulneran la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551). Durante la protesta, las trabajadoras identificaron como responsables directos al Secretario de Organización, Luis Sainz, y al Subsecretario General, Carlos Pérez, a quienes acusaron de impulsar maniobras destinadas a impedir la organización sindical de los trabajadores del sector. Según la presentación, el hostigamiento no se limita al plano administrativo, sino que ha escalado a episodios de violencia directa contra delegados que no se alinean con la verticalidad de la cúpula porteña.
El quiebre de la libertad sindical
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el «bloqueo sindical». Esta práctica, denunciada como una maniobra para impedir el ejercicio legítimo de los representantes elegidos por las bases, constituye una violación directa a la libertad de representación. «No estamos ante un hecho aislado, sino ante un modus operandi que busca anular la democracia interna mediante la discriminación y el miedo», expresaron fuentes cercanas a los denunciantes.
Los testimonios recogidos en la presentación judicial y administrativa mencionan:
- Agresiones y amenazas: Presencia de grupos de choque en asambleas y lugares de trabajo para amedrentar a delegados opositores.
- Discriminación institucional: Exclusión de beneficios y recursos del sindicato a trabajadores que han expresado críticas a la conducción.
- Trabas burocráticas: Dilaciones intencionales en la certificación de autoridades o en la gestión de expedientes de encuadramiento, afectando la protección laboral de los mercantiles.
Un escenario de tensión creciente
Este escenario se produce en un momento de alta sensibilidad para el gremio mercantil. Al ser la organización sindical con mayor padrón de la Argentina, lo que sucede en la seccional Capital tiene un efecto dominó en el resto de las filiales del país. El cuestionamiento a los métodos de la conducción de Armando Cavalieri no es nuevo, pero la gravedad de los términos «agresión» y «discriminación» eleva el conflicto a una instancia legal y pública de difícil retorno.
Desde los sectores que impulsan la denuncia, se exige la intervención de los organismos competentes para garantizar la integridad física de los representantes y el cumplimiento efectivo del estatuto social del gremio. La acusación de «bloqueo» es especialmente sensible, ya que atenta contra el corazón de la actividad gremial: la defensa del trabajador en el puesto de trabajo.
Hacia una resolución institucional
Mientras la conducción de Comercio Capital mantiene un hermetismo inicial frente a las acusaciones de mayor calibre, las bases gremiales comienzan a manifestar su preocupación por el clima de violencia. La resolución de este conflicto no solo determinará el futuro de los delegados afectados, sino que sentará un precedente sobre la calidad democrática y el respeto por los derechos humanos dentro de las estructuras sindicales modernas.
En las próximas semanas, se espera que el Ministerio de Trabajo y la Justicia laboral tomen cartas en el asunto para dirimir una situación que, más allá de la disputa de poder, pone en riesgo la institucionalidad del sindicato y la seguridad de sus afiliados.