El Gobierno nacional resolvió avanzar con sanciones económicas contra los sindicatos del transporte que participaron del paro nacional realizado el 19 de febrero. La decisión fue instruida por el presidente Javier Milei y ejecutada a través de la Secretaría de Transporte, organismo que actualmente depende del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello.
La medida se fundamenta en que, según la interpretación oficial, las organizaciones sindicales habrían desoído las conciliaciones obligatorias que se encontraban vigentes al momento de la protesta. Desde el Ejecutivo sostienen que la adhesión a la jornada de paro implicó un incumplimiento de las disposiciones establecidas en el marco del conflicto laboral.
De acuerdo con trascendidos de fuentes oficiales, las multas previstas serían de magnitud millonaria. La sanción más significativa recaería sobre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con un monto estimado en torno a los 70 mil millones de pesos. En tanto, el sindicato ferroviario La Fraternidad afrontaría una penalidad cercana a los 20 mil millones de pesos.
Ambas organizaciones gremiales habían decidido sumarse a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que tuvo alcance nacional y contó con la adhesión de distintos sectores del movimiento sindical.
Desde el Gobierno argumentaron que la UTA se encontraba alcanzada por una conciliación obligatoria dictada el 10 de febrero con vigencia hasta el día 26 de ese mes. En el caso de La Fraternidad, la disposición había sido establecida el 4 de febrero y tenía el mismo plazo de aplicación. En ese contexto, las autoridades consideran que la participación de ambos gremios en el paro configuró una infracción al régimen de conciliación laboral previsto por la normativa vigente.