La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales interpuso un pedido de vista y suspensión de plazos ante el Ministerio de Seguridad. Advierten que la medida pone en riesgo la seguridad de la navegación, el empleo local y la soberanía sobre las vías navegables.
La tensión en el ámbito marítimo y fluvial alcanzó un nuevo pico tras la presentación formal de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante contra el proyecto que busca desregular el sistema de practicaje y baquía en aguas jurisdiccionales. A través de un expediente administrativo iniciado el 14 de abril de 2026, la entidad solicitó la suspensión de todos los plazos hasta que se otorgue acceso total a los fundamentos técnicos del proyecto.
El eje del conflicto: El Artículo 9°
El punto de mayor fricción radica en la modificación del régimen vigente que permitiría a buques de bandera extranjera operar en la ruta navegable troncal sin la obligación de embarcar baqueanos locales. Según la denuncia gremial, esta flexibilización permitiría que capitanes extranjeros naveguen mediante una simple declaración jurada, sin acreditar experiencia en la zona ni dominio del idioma.
Desde el sector advierten que esta medida:
- Compromete directamente la seguridad fluvial.
- Incrementa el riesgo de incidentes graves como colisiones, varaduras o derrames de hidrocarburos.
- Genera un peligro concreto para la vida de los navegantes y las poblaciones costeras.
Un golpe a la soberanía y al empleo nacional
Para la asociación, el baqueano no es solo un servicio técnico, sino que además cumple una función estratégica en aguas nacionales al ser el delegado natural de la autoridad pública, como se desprende del Art 147 de la Ley 20.094 (Ley de Navegación). El delegado de autoridad pública ejerce el poder de policía del Estado.
En el caso de los ríos el Baqueano asegura que la navegación se realice bajo las normas de seguridad vigentes, protegiendo intereses estratégicos de la nación.
«La desregulación podría derivar en una delegación material de funciones sensibles a personal extranjero», señalaron, subrayando que se debilita la capacidad de control del Estado sobre la navegación.
Asimismo, manifestaron su profunda preocupación por el impacto en el empleo especializado. La apertura a personal extranjero en tareas de alta complejidad técnica afectaría la estabilidad laboral de los profesionales argentinos que poseen el conocimiento específico y la formación en el sistema nacional necesaria para navegar estas aguas.
Hacia la judicialización
Ante la falta de respuestas sobre el Decreto 37/2025 REGINAVE y la opacidad en los estudios de riesgo que sustentan los cambios, el gremio no descarta acudir a la Justicia. El objetivo principal, según remarcaron, es preservar los estándares profesionales y el control soberano sobre la hidrovía en un momento clave para el comercio exterior argentino.
