Un nuevo conflicto sacude al sistema de salud pública bonaerense. Trabajadores del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora denunciaron una serie de despidos con presunto trasfondo antisindical, ocurridos sobre el cierre de 2025, que afectaron al menos a nueve becarios. Desde ATE Sur aseguran que la medida apunta directamente contra empleados que comenzaron a organizarse gremialmente y reclaman su urgente reincorporación.
Lejos de las celebraciones de fin de año, el personal del hospital atravesó jornadas de tensión e incertidumbre. La cesantía de los trabajadores —sin explicaciones formales ni notificación previa— generó una inmediata reacción: el pasado 2 de enero se realizó una masiva asamblea en el establecimiento, donde se resolvió rechazar los despidos y exigir respuestas a la conducción hospitalaria.
Como resultado de la protesta, se abrió una instancia de diálogo con las autoridades del nosocomio. Sin embargo, los avances fueron escasos. Solo una trabajadora fue reincorporada, quien además se desempeña como delegada sindical de ATE Sur y se encuentra embarazada, lo que reforzó las denuncias sobre el carácter persecutorio de la medida.
Desde el gremio estatal sostienen que los despidos estarían vinculados a la reciente vinculación de los trabajadores con la organización sindical. “Todo indica que se trata de una represalia directa por la actividad gremial”, señalaron fuentes de ATE Sur, que recordaron que días antes se habían mantenido reuniones con la dirección del hospital y que incluso existía un compromiso informal para la renovación de todas las becas, acuerdo que finalmente no fue respetado.
El conflicto volvió a poner en el centro del debate la grave precarización laboral que atraviesa el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Los becarios —una modalidad ampliamente extendida— cumplen funciones esenciales pero carecen de derechos básicos: no cuentan con licencias por enfermedad, aportes jubilatorios, aguinaldo, ni garantías frente a despidos arbitrarios. Según estimaciones gremiales, alrededor de 20 mil trabajadores se encuentran bajo este esquema en toda la provincia.
En el Hospital Gandulfo, ocho de los despedidos continúan sin respuestas concretas. Cinco de ellos se desempeñaban en el área de limpieza y habían ingresado durante la pandemia a través del Plan Vacunate y las Becas de Contingencia. Hasta el momento, la dirección hospitalaria no brindó explicaciones formales sobre los motivos de las cesantías.
ATE Sur fue contundente al denunciar que la situación constituye un fraude laboral y responsabilizó políticamente al Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak, así como a las autoridades del hospital. “No se trata solo de defender puestos de trabajo, sino de defender la salud pública como un derecho social”, remarcaron desde el sindicato.
Mientras tanto, desde la cartera sanitaria provincial difundieron informes sobre inversiones en infraestructura y equipamiento hospitalario, destacando obras, entrega de ambulancias y refacción de centros de salud. No obstante, desde el sector gremial advierten que las mejoras edilicias no pueden ocultar la precarización laboral, la falta de personal, los salarios insuficientes y la ausencia de políticas efectivas de pase a planta permanente.
El conflicto en el Hospital Gandulfo permanece abierto y los trabajadores anticipan que continuarán en estado de alerta y movilización hasta lograr la reincorporación de todos los despedidos y el fin de las prácticas que vulneran derechos sindicales y laborales en el sistema de salud pública.