La central obrera endurece su plan de lucha frente al tratamiento del proyecto en el Senado. La medida de fuerza coincidirá con el debate legislativo y promete paralizar los principales servicios en todo el país.

Tras la masiva demostración de fuerza del pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció formalmente la convocatoria a un paro general con movilización para el próximo 10 de febrero. La fecha no es azarosa: ese día el Senado de la Nación tiene previsto tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.

Desde la conducción de la central sindical, el mensaje es unívoco: la iniciativa oficialista representa un «retroceso inaceptable» en los derechos laborales adquiridos. Según advirtieron, la protesta será de una magnitud contundente y afectará la prestación de servicios esenciales a escala nacional.

El rechazo a la flexibilización laboral

La decisión de la cúpula cegetista se fundamenta en el firme rechazo al contenido del proyecto de ley, al que consideran una amenaza directa a la estabilidad y dignidad del trabajador. La central obrera sostiene que la reforma busca flexibilizar las condiciones de contratación y eliminar derechos colectivos, todo esto bajo un marco de nulo consenso y falta de diálogo con los representantes de los trabajadores.

En declaraciones a AM 530, Osvaldo Lobato, secretario gremial, ratificó el compromiso de las bases:

«Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización que deje clara la postura del movimiento obrero».

Por su parte, Jorge Sola, secretario general, fue tajante al definir el proyecto gubernamental como un «ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores», anticipando que la respuesta gremial estará a la altura de la gravedad institucional que plantea la reforma.

Sectores afectados y logística de la protesta

La medida de fuerza del 10 de febrero implicará un cese de actividades que impactará de lleno en el normal funcionamiento de la jornada. Los sectores que ya confirmaron su adhesión incluyen:

  • Transporte público: Colectivos, trenes y subtes verán afectado su servicio.
  • Sector financiero: Paro total de actividades en bancos de todo el país.
  • Administración pública: Atención limitada en dependencias estatales.
  • Servicios urbanos: Recolección de residuos y mantenimiento.
  • Producción: Actividades industriales y el sector de la construcción.

Si bien se esperan réplicas de la protesta en las principales capitales provinciales, el epicentro será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prevé que nutridas columnas sindicales converjan frente al Congreso de la Nación para seguir de cerca el debate en la Cámara Alta y manifestar el rechazo presencial a la iniciativa.


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