La fiscalía a cargo de Gerardo De Aragón solicitó la elevación a juicio en el expediente que involucra al Secretario General de ATE y la CTA Córdoba por los hechos ocurridos durante una manifestación frente a la Municipalidad.
CÓRDOBA – La Justicia cordobesa dio un paso decisivo en la causa que investiga los incidentes ocurridos el pasado 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba. El fiscal De Aragón presentó formalmente el requerimiento de elevación a juicio, medida que afecta directamente a Federico Giuliani, secretario general de ATE y de la CTA Córdoba, además de otros dirigentes y trabajadores.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba han calificado el avance judicial como una «maniobra de criminalización de la protesta social». Según la organización sindical, la investigación está marcada por inconsistencias y omisiones deliberadas que buscan disciplinar a las organizaciones populares.
El origen del conflicto
La causa se remonta a una jornada de reclamo social que culminó con un operativo policial y el traslado de varios manifestantes al penal de Bouwer. Entre los detenidos, además de Giuliani, se encontraban Silvia Alcoba (secretaria adjunta de la CTA Córdoba), el abogado César Theaux y el comunicador Fermín Denipoti, quien se encontraba cubriendo los hechos como periodista.
Giuliani denunció haber permanecido 24 horas esposado a la cama de un hospital tras su detención, un hecho que el gremio señala como de extrema gravedad institucional.
Irregularidades señaladas por la defensa
ATE Córdoba sostiene que la acusación carece de pruebas sólidas y se apoya en testimonios contradictorios. Entre los puntos críticos expuestos por el sindicato se encuentran:
- Imposibilidad visual: Testigos municipales aseguraron haber visto incidentes desde el interior del edificio, pese a que los vidrios se encuentran ploteados, lo que impediría la visión hacia el exterior.
- Manipulación de la escena: Afirman que fueron efectivos policiales, y no manifestantes, quienes movilizaron mobiliario dentro de la dependencia.
- Ausencia de identificación: La fiscalía no habría individualizado qué acción específica realizó cada uno de los imputados.
- El «policía desaparecido»: Denuncian la omisión en el expediente de un subdirector de la Policía que estuvo presente en el operativo, pero que no figura en ninguna declaración policial.
«Un experimento político»
Para la conducción de ATE, el proceso judicial funciona como un «caso testigo» destinado a facilitar la aplicación de protocolos antipiquetes y restringir el derecho constitucional a la huelga y la manifestación.
«Defender el derecho a protestar es defender la democracia», concluye el comunicado de la organización, que ya adelantó que continuará denunciando la persecución judicial contra sus dirigentes en el marco del ajuste económico actual. Se espera que en las próximas semanas se definan las fechas para las audiencias del debate oral.