En un fallo con fuertes implicancias políticas, la Cámara de Apelaciones del Trabajo suspendió la proclamación de autoridades en la Seccional Zárate-Campana y postergó la elección del Secretariado Nacional. Mientras la oposición denuncia irregularidades, el grueso de las seccionales metalúrgicas cerró filas detrás de Furlán, denunciando una «persecución judicial».
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) atraviesa horas de alta incertidumbre institucional. En una resolución de impacto inmediato, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió suspender la elección del Secretariado General a nivel nacional, prevista para este miércoles, y frenó la asunción de autoridades en la estratégica Seccional Zárate-Campana, conducida por el actual líder del gremio, Abel Furlán.
La decisión, adoptada por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino (Sala VIII), surge a partir de una medida cautelar impulsada por la Lista Naranja. La facción opositora, encabezada por Ángel Derosso, denunció presuntas anomalías en los comicios seccionales realizados a principios de marzo y solicitó la nulidad del proceso.
El fundamento del freno judicial
El tribunal consideró que las pruebas presentadas sobre las irregularidades en Zárate-Campana cuentan con la verosimilitud suficiente (prima facie) para dictar la suspensión. El fallo no solo impide que Furlán asuma formalmente su cargo en dicha seccional, sino que además ordena la preservación estricta de todo el material electoral (padrones y registros de firmas) bajo apercibimiento de sanciones.
Desde lo estatutario, los camaristas argumentaron que, al estar en duda la legitimidad de los delegados de la seccional bonaerense, se ve afectado el Colegio Electoral que debe designar a la conducción nacional, según lo estipulado en el artículo 49 del estatuto de la UOM. Bajo este escenario, el proceso nacional queda supeditado a una resolución definitiva sobre el fondo del conflicto en la filial.
«Plan de difamación»: La respuesta del gremio
Poco antes de conocerse el revés judicial, la conducción de la UOM ya había pasado a la ofensiva. A través de un comunicado respaldado por 47 de las 53 seccionales de todo el país, la organización denunció ser víctima de un «plan de difamación extraordinario» orquestado mediante operaciones mediáticas y maniobras judiciales.
Los dirigentes alineados con Furlán calificaron de «puesta en escena» el reciente allanamiento a la sede central del sindicato, ordenado por el juez federal Julián Ercolini, vinculándolo con una supuesta intención de interferir en la voluntad soberana de los trabajadores metalúrgicos.
«Intentaron detener el proceso electoral porque sabían que no contarían con respaldo en las urnas y recurrieron a las peores prácticas antisindicales», afirmaron desde el sector oficialista, defendiendo la transparencia de los números obtenidos en Zárate-Campana.
Escenario abierto
La resolución judicial otorgó un plazo de 10 días a la UOM y a las juntas electorales involucradas para realizar su descargo y presentar pruebas. Por estas horas, la cúpula del sindicato mantiene reuniones de urgencia para definir la estrategia legal y política a seguir.

Aunque el fallo de la Cámara aclara que se trata de una medida precautoria y no un pronunciamiento final sobre la nulidad de las elecciones, el parate administrativo coloca a la UOM en una situación de compás de espera, con la mirada puesta en los tribunales y el clima interno en máxima tensión.
