El paro nacional del 19 de febrero volvió a poner en el centro del debate público el rumbo de la reforma laboral y el presente de sectores estratégicos de la economía. Con un alto nivel de acatamiento en todo el país, la medida dispuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT) fue interpretada desde distintos espacios como una señal de alerta frente a un escenario que combina tensiones normativas y una compleja coyuntura productiva.
Desde el sindicalismo lácteo, el secretario general de Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), Héctor “Etín” Ponce, sostuvo que un paro no constituye en sí mismo una solución, sino una reacción social ante situaciones que requieren respuesta política. En esa línea, planteó que la responsabilidad de resolver los conflictos estructurales recae en quienes gobiernan y deben atender las señales que emergen del mundo del trabajo.
En relación con la reforma laboral, el dirigente advirtió que el debate vuelve a instalarse como una constante en determinados ciclos gubernamentales, muchas veces —según su mirada— impulsado por actores ajenos a la dinámica cotidiana de las relaciones laborales. Recordó que tanto ATILRA como las entidades a las que se encuentra vinculada —la Confederación de Sindicatos de la Industria de la República Argentina (CSIRA), la Confederación Argentina de Sindicatos Industriales (CASIA), la propia Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA)— ya fijaron posición pública de rechazo.
El planteo sindical se centra en la defensa de la industria nacional y de los actores productivos, pero rechaza la lógica de confrontar empresarios y trabajadores como vía para mejorar la competitividad. Para el titular de ATILRA, la protección de derechos laborales consagrados constitucionalmente no debería formar parte de un esquema de ajuste estructural, y cualquier rediseño de las relaciones laborales debería surgir del diálogo genuino entre las partes directamente involucradas.
El panorama de la industria láctea argentina, entretanto, atraviesa un proceso de reconversión marcado por la concentración empresaria y la incorporación de tecnología, fenómenos que impactan de lleno en el empleo y en la supervivencia de plantas de menor escala. El cierre de establecimientos y la pérdida de puestos de trabajo no constituyen, según el diagnóstico gremial, un fenómeno aislado del sector, sino parte de una dinámica más amplia que afecta a diversas ramas industriales en un contexto económico complejo.
En ese escenario, el rol sindical se redefine como actor activo en la búsqueda de alternativas que permitan sostener unidades productivas y preservar fuentes laborales. El caso de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (SanCor CUL) se convirtió en un emblema de esa estrategia. Tras años de dificultades estructurales y financieras, la cooperativa ingresó en concurso preventivo en febrero de 2025. Desde entonces, la situación se agravó: más de siete meses de salarios impagos y una deuda laboral posterior a la apertura del concurso que rondaría los veinte mil millones de pesos tensan al máximo la continuidad operativa.
Las acreencias incluyen obligaciones con ATILRA y con las entidades vinculadas a la cobertura social del sector, OSPIL y AMPIL, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro inmediato. Ante la acumulación de incumplimientos, trabajadores y entidades sindicales resolvieron solicitar la quiebra, instancia que se encuentra pendiente de resolución judicial. Sin embargo, desde el gremio insisten en que una eventual quiebra no debe interpretarse como un cierre definitivo, sino como una posible instancia de reorganización que habilite la reactivación de plantas bajo nuevas condiciones.
En paralelo, el conflicto se extendió a los convenios de colaboración industrial y comercial que SanCor mantenía con otras firmas. Desde el sindicato se aclaró que los reclamos por responsabilidad solidaria fueron iniciados meses atrás ante el Ministerio de Capital Humano, al entender que empresas asociadas utilizaban mano de obra afiliada sin garantizar el pago de haberes. El reclamo, sostienen, apunta al cumplimiento de obligaciones legales y permanece vigente.
La crisis también alcanzó a otras compañías del rubro. En la localidad de Lehmann, trabajadores de Verónica S.A. se concentraron frente a la planta luego de que la empresa cerrara sus puertas sin comunicación formal y suspendiera el diálogo con delegados y empleados. La posibilidad de un concurso o quiebra sobrevuela el conflicto, mientras el gremio explora alternativas que permitan preservar la actividad.
En ese marco, trascendieron contactos con empresarios del sector para evaluar eventuales salidas que eviten la pérdida definitiva de puestos de trabajo. La consigna, sin embargo, es avanzar con prudencia y rigor técnico, evitando generar expectativas infundadas en un contexto ya signado por la incertidumbre.
Entre la discusión por la reforma laboral y la reconfiguración de la industria láctea, el mapa productivo argentino exhibe tensiones profundas. El desafío, según coinciden distintas voces del sector, pasa por articular competitividad, sostenibilidad empresarial y protección del empleo sin erosionar derechos que forman parte del andamiaje institucional del trabajo en el país.