El Secretario de la CGT desarticuló la premisa del Gobierno sobre la reforma laboral. Con cifras en mano, alertó sobre la ineficacia de la flexibilización, cuestionó la asimetría de poder en el «banco de horas» y reclamó una verdadera mesa de diálogo que incluya a los trabajadores.
En medio del intenso debate legislativo que atraviesa el Congreso por la Ley de Bases y la reforma laboral, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a marcar la cancha. Jorge Sola, uno de los referentes de la central obrera, rechazó categóricamente la teoría oficialista que vincula la desregulación con la creación de empleo, apoyándose en los datos negativos que arroja la actual gestión económica.
En declaraciones recientes, el dirigente sindical analizó el impacto de las medidas ya implementadas por la administración de Javier Milei y aseguró que «los cambios en las reglas de juego» no han ofrecido soluciones reales a la crisis del mercado de trabajo.
La evidencia de los números
Sola desmontó el argumento gubernamental citando tres ejes centrales de la política libertaria que, lejos de dinamizar el mercado, coincidieron con una recesión profunda. El dirigente enumeró la eliminación de las multas por empleo no registrado, la creación de la figura del trabajador independiente (que permite contratar colaboradores sin relación de dependencia) y la extensión del período de prueba.
«Ninguna de esas cosas generó más trabajo. Al contrario, se ha caído el empleo. Tenemos 200.000 empleos formales menos y han cerrado 20.000 pymes en dos años», sentenció Sola, poniendo en relieve la gravedad de la situación productiva.
Derechos individuales y asimetría de poder
Más allá de la macroeconomía, la preocupación de la CGT se centra en la vulneración de los derechos adquiridos en el contrato individual de trabajo. Sola puso el foco en la implementación del banco de horas, una herramienta que el Gobierno presenta como un acuerdo de partes, pero que el sindicalismo lee como una imposición velada.
«¿Qué trabajador va a poder decidir realmente cuándo trabajar y cuándo no? Eso lo controla el empleador», cuestionó, exponiendo la falta de poder de negociación del empleado frente a la patronal en un contexto de desregulación. Asimismo, advirtió que la reforma del régimen indemnizatorio no es inocua para las relaciones laborales vigentes, contrarrestando el discurso oficial.
Modernización sí, imposición no
Dejó en claro que el movimiento obrero no se opone «per se» a una actualización de las normas laborales, pero exige ser parte de la discusión.
Sola denunció un «sesgo ideológico» por parte del Ejecutivo, que ha optado por excluir a los sindicatos de la mesa de decisiones. «Creen que somos adversarios políticos en lugar de socios estratégicos. Una modernización laboral debe hacerse con los sectores que sufrirán los beneficios o los perjuicios sentados en la discusión», concluyó.
Un conflicto que escala
Las declaraciones se dan en un contexto de alta tensión. La semana pasada, la CGT movilizó a Plaza de Mayo para repudiar el tratamiento exprés de la reforma en las comisiones del Senado. Paralelamente, la central obrera mantiene su estrategia judicial, habiendo presentado recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos del proyecto que consideran lesivos para la clase trabajadora.