El tribunal rechazó las pretensiones del fiscal provincial de retener el expediente iniciado tras las protestas del 25 de mayo de 2024. Se trata del segundo fallo consecutivo que cuestiona el accionar de De Aragón frente al derecho a la protesta.
CÓRDOBA – En una resolución que redefine el escenario judicial para la dirigencia sindical cordobesa, la Cámara de Apelaciones de Córdoba ordenó el traspaso al fuero federal de la causa instruida por el fiscal provincial Ernesto De Aragón contra Federico Giuliani, Secretario General de ATE y la CTA Autónoma.
El fallo ratifica lo expuesto previamente por la defensa y la Jueza de Control, señalando que el fiscal provincial carece de competencia para investigar el presunto delito de “instigación pública a cometer delitos” (Art. 33 del Código Penal), el cual es de exclusiva órbita federal.
Contexto y persecución
Los hechos se remontan a la jornada del 25 de mayo de 2024, en el marco de la visita del presidente Javier Milei a la capital cordobesa. En aquel entonces, la fiscalía ordenó procedimientos que la defensa calificó como «desproporcionados», incluyendo el allanamiento de la sede de ATE Río Cuarto y del domicilio particular de Giuliani, donde se secuestraron dispositivos móviles, incluso el de su hijo menor de edad. Además, se le había impuesto una caución de 10 millones de pesos para mantener su libertad.
El abogado defensor, Claudio Orosz, destacó la importancia del fallo: “De Aragón pretendió llevar a juicio a Federico por un delito para el que no es competente. Se lo dijimos desde la defensa, luego la Jueza de Control nos dio la razón en primera instancia, y ahora la Cámara de Apelaciones lo confirma”.
Un historial de reveses judiciales
Este dictamen representa el segundo golpe jurídico contra las actuaciones de De Aragón en un corto periodo. Recientemente, la Cámara de Acusación ya había sobreseído a Giuliani en otra causa por «entorpecimiento al transporte» durante la Marcha Contra el Hambre de 2023. En dicha oportunidad, el tribunal subrayó que:
“Es indiscutible el derecho de los ciudadanos a transitar, reunirse y peticionar a las autoridades, marco en el cual se ejerce el derecho a manifestar opiniones y reclamos en la vía pública”.
Declaraciones del dirigente
Tras conocerse la resolución, Federico Giuliani vinculó el accionar del fiscal con una estrategia de criminalización de la protesta social:
“Ya sabemos que De Aragón es un ariete de la persecución judicial en mi contra. Seguimos diciendo que protestar no es un delito sino un derecho. Tenemos la legitimidad de luchar por una vida digna y seguiremos permanentemente en la calle”, afirmó el dirigente, quien además mantiene una denuncia penal contra el propio fiscal por vejámenes policiales sufridos en agosto pasado.
Con esta decisión, la justicia provincial deberá desprenderse del expediente, dejando en evidencia las falencias técnicas en el armado de una causa que ahora pasará a ser revisada por los tribunales federales.