La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso una prórroga de 45 días para las autoridades actuales. El fallo impone estrictas sanciones económicas en caso de incumplimiento.
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) ha obtenido un respiro institucional tras el reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ante el inminente riesgo de quedar sin autoridades legales por el vencimiento de los mandatos, el tribunal resolvió extender de forma provisoria la vigencia de la actual comisión directiva por un lapso de 45 días.
Esta medida cautelar surge como respuesta a la parálisis del proceso electoral, el cual se encuentra bajo revisión judicial debido a diversas impugnaciones. La intención de los magistrados es garantizar la continuidad operativa del gremio y proteger los derechos de sus afiliados mientras se resuelven las controversias de fondo sobre la validez de los comicios.
Un plazo menor al solicitado
Aunque la conducción del SOMU, encabezada por el Secretariado Nacional y el Consejo Directivo, había solicitado originalmente una extensión de 90 días, la justicia consideró que un periodo de un mes y medio es suficiente para encauzar la situación institucional. La prórroga comenzó a regir retroactivamente desde el 28 de diciembre, fecha en la que caducaron formalmente las funciones de las autoridades.
El fallo subraya que esta extensión es de carácter excepcional y no podrá ser renovada automáticamente. Para asegurar el cumplimiento de los plazos, la Cámara estableció multas diarias (astreintes) de un millón de pesos por cada jornada de demora en el acatamiento de lo dispuesto, cifra que podría incrementarse de mostrarse una actitud reticente por parte de la entidad.
Fundamentos del fallo
Los jueces intervinientes destacaron que la prioridad es la «seguridad jurídica» y el respeto a la democracia sindical. Sostuvieron que una situación de acefalía (falta de autoridades) perjudicaría gravemente no solo la administración del sindicato, sino también el funcionamiento de su obra social y la representación de los trabajadores marítimos en negociaciones colectivas.
Paralelamente, la justicia ordenó avanzar con los incidentes de nulidad y las denuncias sobre irregularidades en las notificaciones del proceso electoral. Se ha solicitado la intervención de la Junta Electoral del gremio y se investigará el accionar de los escribanos involucrados en las certificaciones cuestionadas.
Incertidumbre en el horizonte
Si bien la resolución aporta claridad inmediata y permite que el sindicato siga funcionando legalmente, el conflicto central sigue lejos de concluir. La validez de las elecciones internas continúa siendo el eje de una batalla legal que determinará quiénes llevarán las riendas del SOMU en el próximo periodo. Por el momento, la supervisión judicial será constante, marcando una hoja de ruta estricta para las próximas semanas.