La negociación salarial entre los gremios aceiteros y las cámaras empresariales del complejo agroexportador continúa sin alcanzar un acuerdo, en un escenario de creciente tensión que amenaza con profundizar el conflicto en uno de los sectores estratégicos para la economía argentina.
A pocos días del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, las partes mantienen posiciones alejadas respecto de la recomposición salarial reclamada por los trabajadores. Mientras los sindicatos sostienen que es necesario recuperar el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida, las empresas aseguran haber realizado propuestas acordes a la evolución de la inflación y cuestionan la falta de avances en la mesa de negociación.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) señalaron que los salarios del sector se encuentran entre los más elevados de la actividad privada registrada y afirmaron haber otorgado incrementos acumulados durante el año. Asimismo, propusieron un esquema de actualización mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por su parte, las organizaciones sindicales rechazan la propuesta empresaria y sostienen que la oferta resulta insuficiente para garantizar el salario que consideran necesario para cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias. El reclamo salarial, que en instancias previas contempló una recomposición cercana al 20%, fue uno de los principales detonantes de la medida de fuerza anunciada semanas atrás.
En medio de la disputa, las cámaras empresariales advirtieron sobre el impacto económico que tendría una eventual paralización de actividades. Según sus estimaciones, cada trabajador perdería alrededor de $160.000 por día de huelga, cifra que se elevaría a aproximadamente $960.000 por una semana completa de paro. Además, remarcaron que una interrupción de la actividad afectaría el funcionamiento del principal complejo exportador del país y podría generar demoras en el ingreso de divisas provenientes del comercio exterior.
El conflicto adquiere una relevancia especial debido a que se desarrolla en pleno período de comercialización de la cosecha agrícola, cuando los puertos y plantas procesadoras operan con un intenso movimiento de granos y subproductos destinados a la exportación. En este contexto, cualquier medida de fuerza podría tener consecuencias directas sobre la actividad económica y logística del sector.
Con la conciliación obligatoria próxima a finalizar, las expectativas están puestas en las próximas reuniones convocadas por las autoridades laborales. Tanto empresarios como representantes gremiales enfrentan el desafío de encontrar una salida negociada que permita evitar nuevas medidas de fuerza y garantizar la continuidad de una actividad clave para la generación de empleo y divisas en la Argentina.