En una jornada cargada de tensión y confrontación directa, la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó de plano la irrisoria oferta patronal presentada en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y lanzó una advertencia contundente: no cederá hasta que el salario mínimo recupere de manera definitiva todo el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incluyendo la inflación proyectada hasta abril de 2026.
La reunión fue calificada sin rodeos como un “fracaso rotundo” por los secretarios generales Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, quienes denunciaron que el empresariado volvió a mostrar su desinterés absoluto por la dramática situación que atraviesan millones de trabajadores y trabajadoras. Frente a este escenario, la central obrera presentó una contrapropuesta firme y concreta: un incremento acumulado del 71,6%, en tramos del 11,4% mensual desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026, para llevar el salario mínimo a un nivel equivalente con la Canasta Básica Total, hoy fijada en $1.176.852.
Lejos de buscar consensos cosméticos, la CGT exigió además la restitución inmediata de las reuniones presenciales del Consejo del Salario, denunciando que el vaciamiento del ámbito de discusión no es casual, sino parte de una estrategia para imponer ajustes sin debate ni participación real. “Vamos a trabajar incansablemente para que el salario mínimo vuelva a ser una referencia digna y no una cifra decorativa”, advirtieron.
La oferta empresaria fue considerada directamente una provocación: un aumento de apenas $4.000, elevando el SMVM de $322.000 a $326.000, con una proyección de $349.000 recién para abril de 2026. Una cifra que condena a la clase trabajadora a sobrevivir con menos de la mitad de lo que cuesta cubrir las necesidades básicas. La CGT reclamó un salto inmediato a $512.000, con actualización a $553.000 en abril, postura acompañada por la CTA de los Trabajadores, mientras que la CTA Autónoma fue aún más clara al exigir $736.000.
Los gremios no dudaron en calificar la propuesta patronal como “insultante” y “humillante”, una cachetada directa al bolsillo de quienes todos los días sostienen la economía real del país. En este marco, y ante la ausencia total de acuerdo, el Gobierno anunció que definirá el nuevo monto por decreto, una decisión que —según denuncian las centrales sindicales— se alineará con los intereses empresariales y terminará por consolidar un salario mínimo totalmente desconectado de la realidad social.
La discusión ya no es solo salarial: es una disputa abierta por la dignidad, el trabajo y la justicia social. Y la CGT dejó claro que no piensa retroceder ni un milímetro. El conflicto está servido. Y la lucha, en pie.