La amenaza de un nuevo paro de colectivos comienza a tomar cuerpo y sacude el tablero del transporte público en todo el país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene su estado de alerta y no descarta una paralización total del servicio si las empresas continúan incumpliendo con el pago de salarios en los plazos legales establecidos, una situación que agrava la tensión entre trabajadores, empresarios y el Gobierno nacional.
El conflicto se desató luego de que las cámaras empresariales comunicaran su intención de abonar los sueldos y el aguinaldo en cuotas, una modalidad rechazada de plano por el gremio, que advierte que no tolerará dilaciones que perjudiquen el ingreso de las familias del sector.
“En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, sentenció con dureza el secretario de prensa de la UTA, Mario Caligari, en declaraciones radiales, al tiempo que denunció una actitud sistemáticamente especulativa por parte de los empresarios: “Si fuese por ellos, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida”.
Un conflicto que escala y apunta al Gobierno
En un comunicado de fuerte tono político, firmado por el secretario general Roberto Fernández, la UTA responsabilizó directamente al Ejecutivo por el clima de conflictividad que atraviesa el sector.
“El Gobierno será responsable de que los trabajadores realicen un paro para percibir en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias”, advirtieron desde el sindicato, dejando en claro que la medida de fuerza dependerá exclusivamente del cumplimiento efectivo de los pagos correspondientes a diciembre de 2025.
Si bien aún no hay fecha confirmada, la advertencia es contundente: de persistir el esquema de pago en cuotas, la paralización del servicio podría alcanzar a todas las líneas nucleadas en la UTA, con un impacto directo sobre millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público.
Empresarios, subsidios y un sistema en crisis
Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) señalaron que las modificaciones en el esquema de subsidios no lograron mejorar ni la calidad del servicio ni la situación financiera del sector, lo que —aseguran— dificulta el cumplimiento inmediato de las obligaciones salariales.
Esta pulseada expone una vez más la fragilidad estructural del sistema de transporte y la falta de una solución integral que garantice previsibilidad tanto para trabajadores como para usuarios.
Tarifas en alza: otro golpe al bolsillo
En paralelo al conflicto gremial, el aumento de tarifas profundiza la preocupación social. El nuevo esquema, que representa una de las subas más importantes del año, queda fijado de la siguiente manera:
- 0 a 3 km: de $451,01 a $494,75
- 3 a 6 km: de $502,43 a $551,16
- 6 a 12 km: de $541,13 a $593,61
- 12 a 27 km: $636,11
Este incremento se aplica sobre una tarifa que permanecía congelada desde julio, generando mayor presión sobre los usuarios, ya afectados por la incertidumbre ante un posible paro total.
Un escenario de alta tensión
Con salarios en disputa, tarifas en alza y un servicio que podría detenerse en cualquier momento, el transporte público ingresa en una etapa crítica. La definición está en manos del cumplimiento empresarial y de la capacidad del Gobierno para destrabar un conflicto que amenaza con paralizar la movilidad y profundizar el malestar social.
La advertencia está lanzada. El reloj corre. Y la paciencia de los trabajadores, según la UTA, ha llegado a su límite.