“Catástrofe social sin precedentes” y expone la persecución contra dirigentes sindicales

El secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma provincial, Federico Giuliani, volvió a encender las alarmas sobre la situación que atraviesa la Argentina al advertir que el país se encuentra sumido en una verdadera catástrofe social, signada por el ajuste, la precarización laboral y la criminalización de la protesta. En ese marco, el dirigente denunció ser blanco de una persecución judicial sistemática impulsada por el Gobierno de Córdoba, que –según afirmó– busca disciplinar a quienes se oponen al modelo económico vigente.

Giuliani sostiene que la avanzada contra referentes sociales y sindicales se ha convertido en una práctica recurrente del denominado “cordobesismo”, que en los últimos años intensificó la judicialización de las protestas. En ese esquema, señaló al fiscal provincial Ernesto De Aragón como una pieza clave en el engranaje que persigue, allana y criminaliza a quienes lideran reclamos contra el ajuste.

Solidaridad internacional ante la persecución

En este contexto, el dirigente viajó a Euskadi, donde recibió el respaldo de organizaciones sindicales y entidades humanitarias. Durante una entrevista concedida al diario El Correo Vasco, relató el calvario judicial que atravesó en los últimos años, marcado por imputaciones reiteradas, allanamientos y episodios de violencia institucional.

Según el medio europeo, Giuliani fue objeto de siete causas judiciales, le secuestraron cuatro teléfonos celulares y allanaron tanto su domicilio como su lugar de trabajo. Uno de los hechos que precipitó su salida del país ocurrió durante una manifestación pacífica de comedores populares el pasado 28 de agosto, cuando fue detenido, esposado a una cama durante 24 horas y trasladado a una celda por cinco días, una situación que, remarcó, viola normativas legales vigentes. Tras pagar una fianza cercana a los 8.000 dólares, fue recibido por la organización Martin Etxea, que acompaña a defensores de derechos humanos perseguidos en sus países de origen.

Pobreza estructural y deterioro social

Giuliani advirtió que las aparentes cifras positivas de la macroeconomía no reflejan la cruda realidad cotidiana. Citando estudios académicos, sostuvo que cerca de la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza y más del 12% se encuentra en situación de indigencia. “En un país que produce alimentos para cientos de millones de personas, hay familias que no pueden acceder a un plato de comida”, subrayó, y remarcó que muchos trabajadores se ven obligados a sostener dos o tres empleos para sobrevivir.

A su entender, esta situación estructural facilitó la llegada al poder de Javier Milei, en un contexto de desesperanza social y descrédito político. Giuliani consideró que la crisis no responde a factores naturales ni coyunturales, sino a años de políticas regresivas y falta de ética en la conducción del Estado, que derivaron en una economía primarizada, sin valor agregado y con una creciente extranjerización de los recursos.

Ajuste, despidos y reforma laboral

El sindicalista alertó que las medidas implementadas por el Gobierno nacional profundizaron el deterioro social, mencionando el despido de más de 55.000 trabajadores estatales y la pérdida de hasta un 40% del poder adquisitivo de los salarios públicos. Además, denunció que cuatro de cada diez personas trabajan en condiciones informales y que la mayoría de quienes conservan empleo sufren una marcada degradación laboral.

En ese escenario, cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, a la que calificó como un retroceso histórico, ya que propone extender la jornada laboral, debilitar los convenios colectivos, flexibilizar las vacaciones y modificar el régimen de indemnizaciones. A esto se suma, sostuvo, una reforma tributaria que beneficia a los sectores más concentrados de la economía.

Feudos provinciales y democracia debilitada

Giuliani también apuntó contra la construcción de regímenes provinciales con rasgos autoritarios, fruto de un proceso de descentralización que, según indicó, se arrastra desde la última dictadura. En ese marco, denunció la consolidación de “feudos” gobernados durante décadas por las mismas estructuras de poder.

Sobre el plano político nacional, advirtió que el voto del miedo operó como herramienta de disciplinamiento social, en un escenario de baja participación electoral y ausencia de autocrítica dentro del peronismo, al que atribuyó parte de la crisis de representación actual.

Resistir y visibilizar

Pese al hostigamiento judicial y las amenazas, Giuliani reafirmó su intención de visibilizar la situación argentina en el plano internacional. Denunció también vínculos entre sectores parapoliciales, patotas y redes delictivas, y anunció que su organización impulsó acciones legales contra funcionarios judiciales, jefes policiales y autoridades provinciales.

La lucha sindical, remarcó, forma parte de una historia familiar atravesada por la represión, recordando que su padre fue preso político durante la última dictadura y que él mismo estuvo detenido en una cárcel de máxima seguridad. Actualmente, permanece en libertad condicional.

Finalmente, el dirigente sostuvo que, pese a la fragmentación social y la falta de liderazgos visibles, el movimiento popular debe reorganizarse y pasar a la ofensiva frente a un modelo que, concluyó, profundiza la desigualdad y socava los derechos conquistados.