La disputa por la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica atraviesa una nueva instancia judicial. Abel Furlán, desplazado de la conducción nacional tras la decisión de la Justicia laboral que anuló los comicios y dispuso la intervención del sindicato, presentó un escrito ante la Corte Suprema en el que denuncia lo que considera hechos sobrevinientes y un cambio en el objetivo original de la intervención.
El planteo se produce en un escenario de fuerte tensión dentro del principal gremio industrial del país. Según la presentación difundida por el sector de Furlán, el interventor Alberto Biglieri debía avanzar hacia la normalización institucional y la convocatoria a nuevas elecciones, pero —sostienen— luego de más de 90 días aún no existe padrón actualizado, cronograma electoral ni fecha cierta para los comicios.
El eje de la denuncia: elecciones y administración del sindicato
Uno de los principales argumentos planteados por Furlán apunta a la diferencia entre los tiempos de la normalización electoral y la velocidad con la que la intervención habría avanzado sobre distintas áreas de la organización sindical.
La presentación cuestiona que, mientras todavía no se definió una fecha para que los afiliados vuelvan a elegir a sus autoridades, la intervención avanzó sobre la obra social OSUOMRA, la negociación colectiva y el manejo de cuentas bancarias.
Desde el entorno del dirigente metalúrgico interpretan estas decisiones como una ampliación del alcance de una intervención que, según su planteo, debía tener como objetivo central garantizar la normalización democrática de la organización.
La intervención, por su parte, sostiene que encontró dificultades administrativas y de funcionamiento que deben ser abordadas antes de avanzar hacia un proceso electoral confiable. En su informe trimestral, Biglieri señaló que la normalización electoral constituye el objetivo de una próxima etapa, una cuestión que Furlán utiliza como argumento para cuestionar el ritmo del proceso.
El manejo de los recursos, otro punto de conflicto
Otro de los aspectos centrales de la presentación está relacionado con la administración de los recursos de la UOM y de OSUOMRA.
Furlán puso especialmente bajo la lupa el otorgamiento de facultades bancarias a Betiana Gorosito y cuestionó su vinculación previa con Donington S.A., empresa relacionada con el esquema fiduciario que había administrado recursos de la organización durante la etapa anterior a su llegada a la conducción.
Según el planteo presentado ante la Justicia, la actual intervención estaría retomando mecanismos de administración que los órganos internos de la UOM habían decidido modificar durante la gestión de Furlán.
El dirigente sostiene que esta situación debe ser analizada en el marco de la disputa por el control institucional del sindicato y reclama que la Corte Suprema tome en consideración estos hechos al momento de resolver sobre el recurso presentado contra la intervención.
También cuestionan designaciones vinculadas a la obra social
La presentación incorpora además cuestionamientos a la designación de Ariel Raúl Sosa dentro de la estructura de asesores de la intervención y a sus funciones relacionadas con OSUOMRA.
El sector de Furlán plantea que existirían vínculos previos de Sosa con estructuras empresariales relacionadas con servicios de salud y con el denominado Grupo Olmos. A partir de ello, interpreta las designaciones de Sosa y Gorosito como parte de una posible reconfiguración del esquema de administración de los recursos sindicales. Se trata, en este punto, de una interpretación sostenida por la representación de Furlán y no de una conclusión judicial firme.
Un conflicto que excede la interna sindical
La disputa no se limita actualmente a la conducción política de la UOM. También involucra el funcionamiento administrativo del sindicato, la gestión de su obra social, la negociación colectiva y distintas investigaciones judiciales vinculadas con la administración de fondos y la contratación de servicios.
En paralelo, la intervención presentó un informe en el que cuestionó aspectos de la administración desarrollada durante la conducción de Furlán y puso bajo análisis el vínculo contractual de la UOM con USEM. Esas observaciones fueron derivadas a ámbitos judiciales para que se investiguen posibles irregularidades.
De este modo, ambas partes mantienen posiciones contrapuestas sobre el origen y el alcance de las irregularidades denunciadas: mientras la intervención sostiene que recibió una estructura con importantes problemas administrativos, el sector de Furlán rechaza esas conclusiones y cuestiona que la intervención haya excedido su finalidad original.
La disputa entra en una etapa decisiva
El escenario suma además una modificación en la propia estructura de la intervención. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que la administración nacional quede a cargo de un triunvirato integrado por Alberto Biglieri, Pablo Daniel Iglesias y Ariel Martín Alonso, mientras que Iglesias asumirá funciones específicas en la seccional Zárate-Campana. El objetivo formal de la medida continúa siendo avanzar hacia la normalización y la convocatoria electoral.
En ese contexto, Furlán reclama que la Corte Suprema intervenga frente a los nuevos hechos denunciados, solicita tratamiento urgente de su planteo y vuelve a pedir la suspensión de los efectos de la resolución judicial que dispuso su desplazamiento y la intervención de la organización.
La interna de la UOM, uno de los sindicatos industriales de mayor peso de la Argentina, queda así atravesada por una doble disputa: por un lado, la discusión judicial sobre las condiciones que llevaron a la intervención; por otro, el debate sobre quién y bajo qué reglas conducirá al gremio cuando finalmente se concrete la normalización electoral.
Por ahora, la definición sobre el futuro institucional de la UOM continúa en manos de la Justicia, mientras los distintos sectores sindicales sostienen posiciones enfrentadas respecto del manejo de la organización y del camino hacia nuevas elecciones.