Miguel Ángel Sofía, impulsor y autor declarado del Proyecto Estratégico Arco-Medio Sofía, hizo pública una contundente denuncia por una presunta maniobra de obstrucción, utilización no autorizada de documentación y apropiación de desarrollos vinculados a una iniciativa que plantea la creación de una Ciudad de Reciclado Industrial en Lomas de Zamora, con proyección sobre todo el corredor sur metropolitano y alcance federal.
El conflicto amenaza con abrir un nuevo frente institucional alrededor de un proyecto que, según su autor, fue concebido para abordar simultáneamente una problemática ambiental, productiva y laboral: la crisis del sistema de disposición de residuos, la generación de empleo registrado y la incorporación de procesos de reciclado industrial, biomasa sustentable y remediación ambiental.
Según manifestó Sofía, la iniciativa fue desarrollada bajo su autoría y dirección general, junto con sus socios directos y económicos Lucas Matías Abd y Miguel Ángel Primavera, y un equipo de conducción integrado por Eduardo Bogado, el licenciado Eduardo Yonemoto, Ángel Sofía, Lucas Miguel Ángel Sofía y Elsa Noemí Carballo.
El proyecto también plantea una articulación con la Asociación Sindical de Uniones de Recicladores Argentinos (ASURA) y su secretario general, Fabián Framarin, además de sectores vinculados al movimiento obrero organizado.
Una denuncia que apunta al corazón del proyecto
En una solicitada de tono particularmente crítico, Sofía sostuvo que personas que habrían accedido a documentación técnica de su iniciativa mediante supuestas gestiones de articulación política posteriormente habrían utilizado parte de ese material sin autorización.
El impulsor de Arco-Medio Sofía asegura que la circulación de su manual operativo y de la matriz técnica original habría permitido que determinados contenidos fueran incorporados o utilizados como base en iniciativas y programas gubernamentales relacionados con la gestión de residuos y el ambiente.
Entre los instrumentos mencionados aparecen Mi Provincia Recicla, normativas vinculadas al Registro Único de Establecimientos de la Comunidad (RUEC) y convocatorias del programa Activa Buenos Aires.
Sofía sostiene que desarrollos que forman parte de su trabajo privado estarían siendo presentados ante distintos ámbitos institucionales sin reconocer su autoría ni respetar la conducción que reclama sobre el proyecto.
Las acusaciones, por el momento, forman parte de la presentación pública realizada por el propio Sofía y deberán ser acreditadas ante las autoridades correspondientes si se formalizan las acciones anunciadas.
1.200 puestos de trabajo y una propuesta ambiental de alcance federal.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la dimensión laboral que, según sus impulsores, tendría Arco-Medio Sofía.
El proyecto plantea la generación inmediata de 1.200 puestos de trabajo genuinos, directos y registrados, vinculados al desarrollo de una estructura de reciclado industrial y actividades productivas asociadas.
La iniciativa también contempla el desarrollo de biomasa sustentable y mecanismos de remediación de pasivos ambientales, incluyendo la intervención sobre pozos abiertos y zonas afectadas por contaminación, con el objetivo de reducir impactos ambientales y avanzar sobre problemáticas asociadas a residuos y metales pesados.
Para Sofía, el proyecto no debe ser entendido únicamente como una propuesta ambiental, sino como un programa productivo y laboral de alcance federal, capaz de integrar a trabajadores recicladores, organizaciones sindicales, estructuras productivas y distintos niveles del Estado.
En ese sentido, su planteo busca vincular dos problemáticas que suelen abordarse por separado: la emergencia ambiental y la necesidad de generar empleo formal.
Una advertencia directa frente a la convocatoria en La Plata
La disputa adquirió mayor tensión a partir de una convocatoria prevista en la ciudad de La Plata.
Sofía aseguró que la documentación integral del proyecto —incluidas las matrices de rentabilidad, ingeniería de procesos y estudios de impacto— no será entregada a terceros operadores territoriales ni a sectores que, según su denuncia, pretendan avanzar sobre la iniciativa sin reconocer su autoría.
En cambio, afirmó que pretende entregar personalmente esa documentación al gobernador bonaerense Axel Kicillof, bajo la condición de que previamente se establezcan garantías institucionales que protejan la titularidad intelectual y la conducción del proyecto.
La posición expresada es tajante: no habrá autorización para avanzar con presentaciones, anuncios o actos institucionales vinculados al proyecto sin un convenio que, según Sofía, resguarde expresamente sus derechos y los de su equipo.
Reserva de derechos y advertencia judicial
En su documento, el autor del proyecto anticipó además que analiza promover acciones judiciales y administrativas si considera que continúan las conductas denunciadas.
Sofía invocó, entre otras normas, disposiciones de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, así como distintos artículos del Código Penal y del Código Civil y Comercial de la Nación.
Entre las figuras jurídicas que menciona aparecen posibles conductas relacionadas con defraudación, reproducción indebida de una obra, desbaratamiento de derechos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación ilícita.
Cabe señalar que la invocación de estas normas por parte del denunciante no implica que tales delitos hayan sido acreditados ni que exista una resolución judicial que determine responsabilidades. Cualquier eventual imputación deberá ser evaluada y probada por las autoridades competentes.
“No voy a permitir que se apropien del proyecto”
El mensaje político e institucional de Sofía apunta a evitar que la iniciativa quede atrapada en disputas territoriales o sectoriales.
El impulsor de Arco-Medio sostiene que el proyecto fue concebido como un instrumento de integración y que su objetivo es convocar a diferentes sectores del movimiento obrero, organizaciones de recicladores, actores productivos y organismos estatales.
Su crítica se dirige particularmente contra quienes, según su versión, intentarían utilizar el proyecto para obtener beneficios políticos o sectoriales.
“No dejamos a nadie afuera”, sostiene el planteo, que presenta a la iniciativa como una herramienta destinada a generar trabajo y abordar de manera estructural el problema de los residuos.
La controversia, sin embargo, coloca en primer plano una cuestión clave: quién posee la titularidad sobre el desarrollo técnico, quién está habilitado para presentarlo institucionalmente y bajo qué condiciones puede ser implementado.
Un proyecto que busca salir del conflicto y llegar al Estado
Mientras la disputa por la autoría y conducción amenaza con frenar las articulaciones territoriales, Sofía sostiene que su objetivo continúa siendo llevar la propuesta al máximo nivel institucional de la Provincia de Buenos Aires.
El proyecto pretende instalar una discusión de mayor escala: transformar el tratamiento de residuos en una actividad productiva capaz de generar empleo registrado, desarrollar nuevas cadenas de valor y avanzar sobre pasivos ambientales.
Para sus impulsores, el desafío consiste en evitar que una iniciativa de semejante magnitud quede subordinada a disputas políticas o intereses particulares.
Para quienes son señalados en la denuncia, cualquier acusación deberá ser respondida por las vías correspondientes.
Lo cierto es que Arco-Medio Sofía quedó en el centro de una fuerte disputa por la propiedad intelectual, la conducción política y el futuro de una propuesta que sus impulsores presentan como capaz de generar 1.200 empleos directos y transformar el tratamiento de residuos en el corredor sur bonaerense.
Ahora, la definición del conflicto dependerá de la documentación existente, de los acuerdos institucionales que eventualmente se alcancen y, en caso de judicializarse la controversia, de las autoridades competentes.