El secretario general de Ate, Rodolfo Aguiar, anunció un paro nacional en las oficinas públicas para el próximo 21 de abril. La medida responde a la falta de avances en las negociaciones paritarias y al impacto del ajuste en el sector estatal.
En un contexto de creciente malestar en la administración pública, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lanzó una dura advertencia al Poder Ejecutivo. Según el referente sindical, las políticas implementadas y la falta de respuestas a los reclamos salariales convertirán al 2026 en el periodo de mayor confrontación social desde el inicio de la actual gestión.
Como primera medida de fuerza de este ciclo, el gremio ha convocado a un paro total de actividades en organismos nacionales, provinciales y municipales para el martes 21 de abril. La huelga incluirá movilizaciones en los principales puntos del país y afectará la atención al público en diversas dependencias estatales.
Los ejes del conflicto
El reclamo central de ATE gira en torno a la reapertura de las negociaciones paritarias. Desde el sindicato denuncian que los salarios de los empleados públicos han quedado rezagados frente a la inflación, lo que ha generado una pérdida drástica del poder adquisitivo.
«No podemos permitir que el ajuste lo sigan pagando los trabajadores mientras los indicadores de pobreza continúan en ascenso», señaló Aguiar en declaraciones recientes. Además de la recomposición salarial, el gremio exige el cese de los despidos en el sector público y la estabilidad laboral para quienes aún se encuentran bajo contratos temporales.
Un clima de confrontación
La postura de ATE refleja un endurecimiento en la estrategia de las organizaciones sindicales, que anticipan un cronograma de protestas sostenidas si no se establece una mesa de diálogo con resultados concretos.
Para las autoridades del gremio, el paro del 21 de abril será solo el inicio de un plan de lucha más extenso. La advertencia sobre la «conflictividad» sugiere que el Gobierno enfrentará un frente gremial activo en las calles durante los próximos meses, marcando un punto de inflexión en la relación entre el Estado y sus trabajadores.