Los sindicatos docentes nucleados en la CGT anunciaron un plan de lucha durante todo agosto, aunque con una particularidad que expone las nuevas tensiones del escenario gremial: habrá protestas, movilizaciones, volanteadas y “semaforazos”, pero no paros. La protesta seguirá en marcha, aunque las clases también.
La decisión responde al nuevo marco impuesto por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece la obligación de garantizar servicios mínimos del 75% en actividades consideradas esenciales, entre ellas la educación. Frente a ese escenario, los gremios cegetistas optaron por modificar la modalidad de reclamo: menos suspensión de actividades y más presencia en las aulas, las calles y los espacios públicos.
La estrategia fue presentada por el secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, quien cuestionó la situación salarial del sector y denunció una profunda crisis educativa. Según planteó, el salario inicial docente se encuentra en torno a los $500.000, una cifra que consideró insuficiente frente al costo de vida y a la pérdida del poder adquisitivo.
Pero, mientras la discusión salarial continúa sin respuestas concretas, la protesta adoptará una modalidad poco habitual: los docentes utilizarán las propias aulas para explicar a los estudiantes la situación que atraviesa el sistema educativo. También realizarán “semaforazos” y volanteadas destinadas a visibilizar el conflicto ante las familias y la comunidad. El cierre del plan será una movilización al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, durante la última semana de agosto.
La paradoja es evidente: los trabajadores de la educación reclaman por salarios, financiamiento y condiciones laborales, pero deberán hacerlo sin dejar de trabajar. Una especie de protesta con asistencia perfecta, donde la lucha sindical deberá convivir con el horario de entrada, el recreo y el cierre de la jornada escolar.
Desde la CGT sostienen que respetarán las normas vigentes mientras avanza la judicialización de los cuestionamientos a la reforma laboral. Sin embargo, Romero dejó abierta una puerta: si la central obrera convoca a un paro general, los sindicatos docentes acompañarán la medida y se movilizarán.
La postura también fue respaldada por los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes endurecieron sus críticas al Gobierno nacional y anticiparon la posibilidad de una gran marcha federal y un paro nacional. La advertencia fue clara: la ausencia de medidas de fuerza propias no implica que el conflicto haya quedado archivado.
En ese contexto, agosto tendrá una agenda gremial particular. Habrá docentes en las aulas, reclamos en las calles y protestas en los semáforos. La huelga, por ahora, quedará fuera del calendario, aunque el malestar seguirá ocupando el centro de la escena.
Porque, al parecer, en la nueva lógica laboral, la protesta también debe cumplir con el presentismo: se puede reclamar, cuestionar y movilizarse, siempre que el aula siga abierta y el timbre continúe sonando.
La disputa recién comienza. Y aunque esta vez no haya paro, el conflicto educativo promete hacerse escuchar igual.