Dos fallos judiciales clave frenaron la aplicación del polémico Decreto 340/2025 impulsado por el Gobierno nacional. La Justicia laboral y la contencioso administrativa dictaron medidas cautelares que suspenden parte del DNU, por considerar que vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la industria naval argentina.
El Juzgado Nacional del Trabajo N.º 32 resolvió dejar sin efecto artículos centrales del decreto que modificaban el régimen laboral de los trabajadores embarcados. La medida se originó en una acción de amparo presentada por los gremios del sector, que denunciaron un avasallamiento sobre derechos laborales, sindicales y de organización.
La jueza Viviana Dobarro sostuvo que el decreto afecta a un sector «socialmente vulnerable» y fue dictado mientras el Congreso se encontraba en funciones, lo que «agrava su ilegitimidad». Además, advirtió que los cambios implementados podían afectar garantías establecidas por la Constitución Nacional y convenios internacionales.
Alerta gremial y advertencia sobre la soberanía
Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, su secretario general, Mariano Moreno, celebró el fallo y destacó que «la Justicia nos brinda el primer límite al avasallamiento que implica esta desregulación». Sin embargo, enfatizó que la lucha continúa y reclamó al Congreso la derogación definitiva del decreto, en defensa de la soberanía y del desarrollo de la Marina Mercante Nacional.
Entre los puntos más cuestionados por los gremios se encuentra la apertura del cabotaje nacional a empresas extranjeras, la falta de convenios colectivos, y el impacto negativo en la seguridad de la navegación y las condiciones laborales.
Otro fallo, esta vez por reclamo empresarial
En paralelo, el juez Enrique Alonso Regueira, del fuero contencioso administrativo federal, también suspendió la aplicación del DNU, a raíz de una presentación de cámaras empresariales del sector naval. Las compañías argumentaron que las nuevas disposiciones afectaban la competitividad frente a empresas extranjeras y ponían en riesgo miles de puestos de trabajo.
El juez coincidió con el criterio del fuero laboral y subrayó la falta de consulta previa con los actores involucrados. Consideró que el decreto afectaba la seguridad jurídica y operativa del sector, al modificar unilateralmente aspectos clave como permisos de navegación, tarifas y relaciones laborales.
El derecho a huelga, en el centro del conflicto
Uno de los aspectos más controvertidos del DNU fue la limitación al derecho a huelga. La Cámara Nacional del Trabajo ya había declarado inconstitucional esa parte del decreto, por considerar que el Poder Ejecutivo no justificó la necesidad ni la urgencia de avanzar con una medida que restringe garantías fundamentales.
Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado recordaron que el derecho a huelga y la libertad sindical están protegidos por la Constitución y los tratados internacionales, por lo que invalidaron los artículos 2 y 3 del decreto.
¿Cambio de clima judicial?
Estos fallos se suman a una seguidilla de resoluciones judiciales que, en los últimos días, comenzaron a poner freno a algunas de las medidas más polémicas del gobierno en materia laboral. La pregunta que queda flotando es si se trata de un cambio de clima en el Poder Judicial frente al programa de desregulación impulsado desde el Ejecutivo, o apenas una señal acotada en sectores especialmente sensibles.