La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Juan Carlos Schmid, salió al cruce de la cautelar presentada ante la Justicia que busca detener las elecciones del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), un proceso electoral que ya está en marcha y continuará hasta el 5 de diciembre. Desde la central transportista calificaron la decisión como una “intromisión judicial” que amenaza la vida democrática interna de las organizaciones gremiales.

La medida, impulsada desde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a partir de denuncias de listas opositoras, pretende frenar de manera inmediata el proceso electoral alegando un supuesto riesgo institucional. Sin embargo, la resolución aún no está firme y, según confirmó el propio SOMU, los comicios se desarrollan con plena normalidad, con más de 30 listas oficializadas y bajo estrictos protocolos de transparencia.

Schmid, líder de la CATT, fue categórico al defender la potestad de los trabajadores para elegir a sus autoridades sin interferencias externas. “La democracia sindical y la elección de las conducciones pertenecen exclusivamente a los afiliados. Ningún poder externo puede reemplazar la voluntad de los trabajadores”, expresó.

En la misma línea, el secretario de Prensa de la CATT, Horacio Calculli, advirtió que la maniobra judicial representa “un retroceso institucional” y remarcó que la Justicia no debe intervenir en procesos que son responsabilidad de los afiliados y sus órganos electorales.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la CATT profundizó sus críticas y alertó que esta intervención constituye un precedente “grave y peligroso” para todo el movimiento obrero organizado. El mensaje, titulado “Los de afuera son de palo”, subraya que la autonomía sindical es un principio fundamental que debe ser respetado y que cualquier intento de vulnerarla atenta contra el funcionamiento democrático de los gremios.

La situación encendió alarmas en el sector del transporte, que se mantiene en alerta ante lo que consideran una avanzada judicial que podría afectar a toda la estructura sindical argentina.

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