El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) cuestionó con dureza la política de desregulación del Gobierno nacional y advirtió que la comercialización de medicamentos fuera de las farmacias pone en riesgo la salud pública, favorece la automedicación y amenaza cientos de puestos de trabajo. Además, afirmó que el ministro Federico Sturzenegger «miente con algo muy peligroso» al promover la venta de medicamentos en kioscos, supermercados y plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre.

La política de desregulación del mercado farmacéutico impulsada por el Gobierno nacional volvió a generar fuertes cuestionamientos desde el ámbito profesional y sindical. El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, advirtió que las medidas destinadas a flexibilizar la comercialización de medicamentos no solo ponen en riesgo la salud de la población, sino que también amenazan la continuidad de cientos de puestos de trabajo en todo el país.

Durante una entrevista concedida a FM Tiempo de Santa Cruz, el dirigente sostuvo que permitir la venta de medicamentos fuera de las farmacias y facilitar su comercialización a través de plataformas digitales debilita los controles sanitarios que históricamente garantizaron la seguridad de los pacientes.

Peretta cuestionó el argumento oficial que sostiene que una mayor desregulación favorecerá la competencia y reducirá los precios. Por el contrario, aseguró que la experiencia demuestra que la liberalización del mercado incrementa la automedicación, reduce el acceso a la cobertura de obras sociales y prepagas para determinados tratamientos y, en muchos casos, termina encareciendo los medicamentos para el consumidor final.

Otro de los puntos que despertó preocupación es la venta de medicamentos por internet. Según el titular del SAFYB, este mecanismo elimina la intervención del farmacéutico como profesional responsable del asesoramiento y control en la dispensa de los fármacos, además de dificultar la trazabilidad de los productos y las garantías para quienes los consumen.

En ese sentido, remarcó que las plataformas digitales únicamente responden por la entrega de los productos, pero no pueden garantizar la calidad, autenticidad o seguridad sanitaria de los medicamentos comercializados. Esta situación, afirmó, incrementa el riesgo de circulación de productos adulterados o de procedencia incierta.

El empleo, otra de las preocupaciones

Más allá del impacto sanitario, Peretta advirtió que las medidas de desregulación también podrían tener consecuencias directas sobre el empleo. En el caso de la provincia de Santa Cruz, estimó que alrededor de 200 puestos de trabajo vinculados al sector farmacéutico podrían verse comprometidos si continúa avanzando el nuevo esquema de comercialización.

El dirigente explicó que la competencia no debería centrarse en las farmacias, donde existen miles de establecimientos distribuidos en todo el país, sino en el sector de los laboratorios, al que señaló como el principal formador de precios dentro de la cadena farmacéutica.

Denuncia judicial contra Sturzenegger

En paralelo al debate político y sanitario, Peretta confirmó que el sindicato presentó una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por considerar que el Gobierno continúa impulsando modificaciones sobre la actividad farmacéutica pese a la suspensión judicial vigente respecto del capítulo correspondiente del DNU 70/2023. La resolución definitiva sobre esa controversia permanece pendiente de decisión en la Corte Suprema de Justicia.

Un debate que excede al sector farmacéutico

Las declaraciones del referente sindical vuelven a poner sobre la mesa una discusión que trasciende al ámbito laboral y alcanza de lleno al sistema sanitario argentino. Mientras el Gobierno sostiene que la apertura del mercado permitirá mayor competencia y acceso para los consumidores, desde diversos sectores profesionales advierten que la flexibilización de los controles podría debilitar el rol de las farmacias como establecimientos sanitarios, favorecer la automedicación y afectar tanto la calidad de la atención como el empleo registrado.

El futuro de la regulación farmacéutica continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro de la agenda sanitaria nacional, con posiciones enfrentadas entre quienes promueven una mayor liberalización del mercado y quienes sostienen que el medicamento debe seguir siendo considerado un bien social sujeto a estrictos controles profesionales.

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